El que fuera secretario provincial del Sindicato Unificado de Policía, F.G.M. se enfrenta a seis años de prisión por un delito contra la integridad moral y por otro de calumnias, por el presunto acoso al inspector jefe del Servicio de Atención a la Familia (SAF) en Huelva a partir de febrero de 2010 tras detener éste último a varios policías por violencia de género.
El juicio estaba previsto para este martes en el Juzgado de lo Penal número 3 de Huelva, pero finalmente su titular lo ha suspendido tras acordar devolver la causa al Juzgado de Instrucción número 5 de Huelva al conocer que no se le había dado traslado del auto ni al sindicato ni a la Dirección General de la Policía Nacional para que se personaran en la causa.
Según reza en el escrito judicial, los hechos se remontan a febrero de 2010 cuando el acusado, entonces secretario general del SUP en Huelva, ejerció, presuntamente, una conducta "incesante de acoso y derribo" de la persona y la labor profesional del inspector jefe del Servicio de Atención a la Familia y Delitos Violentos (SAF/UDEV) de Huelva, que repercutió "seriamente tanto en su profesión como a nivel personal en su salud, hasta el punto de haber tenido que estar largos períodos de baja laboral".
Las primeras presiones se circunscriben a detenciones practicadas contra policías implicados en delitos relacionados con violencia sobre la mujer en 2008.
Posteriormente, en 2009, ante divergencias en la forma de trabajar y de llevar el SAF por parte del denunciante, y haciéndose eco de las quejas de los componentes del grupo F.G.M. inició "una campaña de desprestigio del denunciante con el objetivo de lograr su destitución".
En la causa únicamente ejerce la acusación, ya que el Ministerio Fiscal presentó escrito de conclusiones absolutorias al no advertir indicios de culpabilidad, considerándolo esta parte autor de un delito continuado contra la integridad moral, o subsidiariamente un delito de coacciones continuadas; de un delito de calumnia contra funcionario en el ejercicio de su cargo y otro continuado de injurias graves con publicidad contra funcionario en el ejercicio de su cargo, solicitando además de los seis años el pago de una multa de más de 5.000 euros.
A su vez, en concepto de responsabilidad civil, la acusación pide una indemnización de 750.000 euros, a pagar, solidariamente entre el acusado, el sindicato y la Dirección General de la Policía.
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