El vigilante de seguridad de la Delegación de Igualdad y Bienestar Social de la Junta en Huelva que colocó cámaras en el año 2015 en uno de los baños de la sede para obtener imágenes íntimas de sus compañeras de trabajo ha aceptado una condena a un año y ocho meses de cárcel tras alcanzar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y la acusación particular.
El acusado ha reconocido los hechos y se ha declarado responsable de ocho delitos contra la intimidad, según ha informado EFE.
Además de la pena de cárcel, ha sido inhabilitado para el ejercicio de profesiones relacionadas con la seguridad privada durante el tiempo de la condena y el pago de una multa de 1.400 euros y de 24.000 euros en concepto de indemnización a las víctimas, de los que ya ha abonado 21.000.
El acusado instaló en junio de 2015 una microcámara en un lugar discreto de uno de los aseos de uso privado de los funcionarios y empleados y la encuadró para que captase las imágenes del inodoro y lavabos y la dejó activada, grabando en vídeo a cualquier persona que hiciera uso de los mismos.