María Antonia Peña Guerrero, Rectora Universidad de Huelva, junto a más rectores andaluces, han hecho público en un comunicado oficial su desacuerdo con la aprobación de dos nuevas universidades privadas por parte de la Junta de Andalucía. Según el comunicado, ayer se celebró un pleno del Consejo Andaluz de Universidades (CAU) en el que estudiaba la solicitud de reconocimiento de dos nuevas universidades privadas en Andalucía, coincidiendo con la aprobación en el Parlamento Andaluz de la creación de las universidades privadas CEU Fernando III y la Tecnológica Atlántico-Mediterránea (UTAMED).
Las universidades públicas de Andalucía informaron desfavorablemente sobre las dos nuevas propuestas planteadas al Pleno del Consejo Andaluz de Universidades de reconocimiento de las universidades Alfonso X el Sabio Mare Nostrum y Universidad Europea de Andalucía, por incurrir ambas en el incumplimiento de los requisitos establecidos en el Real Decreto 640/2021, de 27 de julio, de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios, y acreditación institucional de centros universitarios, así como por no disponer dichas universidades de informes plenamente positivos en lo que a su calidad se refiere, especialmente en lo referente a su proyecto investigador, con notables debilidades.
Según los rectores andaluces, la propuesta de implantación de estas dos nuevas universidades privadas, que vendría a sumarse a las dos que recibirán hoy luz verde, adolece de una estrategia universitaria que se ha reclamado a la Junta de Andalucía en reiteradas ocasiones. Señalan que, por el bien del sistema de enseñanza superior de la Comunidad Autónoma, resulta esencial consensuar una estrategia universitaria que permita al sistema caminar hacia un mapa de titulaciones de forma que resulte en una oferta universitaria coherente, pertinente y bien articulada que satisfaga las necesidades formativas de la ciudadanía andaluza y española.
Además, los rectores argumentan que la implantación de estas universidades privadas no fomentará una competencia positiva respecto a las públicas, alegando que las privadas actuarán con distintas reglas y normas en cuestiones tan básicas como los requisitos para implementar títulos, con lo que se estaría compitiendo en desigualdad de condiciones y jugando con distintas reglas.
