Así, apoyado en los informes de los Servicios Técnicos Municipales y de Secretaría, el primer edil le requiere al Estado que proceda a reparar los daños que ha sufrido esta playa desde el año 2017, debido a los temporales y otros fenómenos atmosféricos adversos, al tiempo que le exige una responsabilidad patrimonial por su inactividad, valorada en 2.621.497’59 euros, IVA incluido.
“La inactividad de Estado en el ejercicio de sus competencias desde 2017 ha hecho que los daños se agraven años tras año y nos está impidiendo ejercer nuestras competencias en esta playa como Ayuntamiento”, ha señalado el alcalde, en referencia al artículo 115 d) de la Ley de Costa que especifica que el Ayuntamiento debe mantener las playas y lugares públicos de baño en las debidas condiciones de limpieza, higiene y salubridad.
En definitiva, el alcalde pide a la Administración General del Estado “que hagan sus deberes para que nosotros podamos hacer los nuestros y se atienda de una vez por todas a los vecinos de El Portil”. “La subsanación y reparación no está siendo atendida por el Estado, lo que ocasiona un daño tremendo a los vecinos de El Portil que no tienen el deber jurídico de soportar”, ha añadido Hernández Cansino.
Como se recordará, una de las primeras medidas que adoptó el alcalde a finales de junio fue el cierre de algunos de los accesos a la playa, por la seguridad de los bañistas, ante el peligro de su uso en el estado en que se encuentran. Es el caso de los accesos a la playa de las calles Cóndor y Alcotán. No obstante, se mantienen abiertos los de las calles Zorzal y Sauce porque estos sí reúnen las condiciones de seguridad necesarias para su uso.
Por otro lado, mañana jueves comienza el desmontaje de la escalinata y la pasarela de la calle Alhelí que se va a reutilizar y trasladar al acceso de la calle Remo. Además, también se van a colocar dos pasarelas de madera reciclada en la calle Olivo.
