Aumenta la reventa de citas de Extranjería en Huelva ante la regularización del Gobierno
La expectativa generada por el proceso extraordinario de regularización anunciado por el Gobierno de Pedro Sánchez ha vuelto a tensionar el acceso a los trámites de Extranjería en la provincia de Huelva, donde sindicatos policiales alertan de un repunte en la reventa ilegal de citas administrativas. La falta de turnos disponibles y la elevada demanda están creando el escenario propicio para prácticas fraudulentas.
Según ha publicado el diario The Objetive, fuentes policiales señalan que en las últimas semanas se han detectado indicios de acaparamiento masivo de citas a través de la plataforma oficial, que posteriormente son ofrecidas a personas extranjeras que necesitan regularizar su situación para poder trabajar o acceder a servicios básicos. Estas citas, que son gratuitas, llegan a revenderse por cantidades que varían según la urgencia del trámite y la presión existente.
La situación preocupa especialmente en provincias como Huelva, donde la presencia de población extranjera vinculada al sector agrícola genera una elevada demanda de gestiones administrativas. Municipios como Lepe, Moguer o Almonte concentran buena parte de las solicitudes, a las que se suman casos de personas que arrastran situaciones de irregularidad administrativa prolongada.
Desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) se viene alertando de la sobrecarga que soportan las unidades de Extranjería. A esta presión se ha añadido en los últimos meses la caída temporal del sistema informático de filtrado automático de antecedentes, lo que ha obligado a realizar comprobaciones manuales y ha multiplicado el trabajo diario de los agentes.
El fenómeno de la reventa de citas no es nuevo. En operaciones anteriores, la Policía Nacional ha desarticulado redes que utilizaban programas informáticos y múltiples dispositivos para bloquear citas en cuanto se liberaban nuevas fechas, que desaparecían en cuestión de minutos y eran posteriormente comercializadas.
El proceso de regularización extraordinaria anunciado por el Ejecutivo, presentado el pasado enero por la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, prevé legalizar la situación administrativa de cientos de miles de personas en todo el país, lo que está incrementando de forma notable la presión sobre las oficinas de Extranjería.
Fuentes sindicales advierten de que, si no se refuerzan los medios humanos y técnicos, el cuello de botella seguirá existiendo y continuará alimentando el fraude. En provincias con plantillas ajustadas como Huelva, cualquier incremento de solicitudes tiene un impacto inmediato en los tiempos de tramitación.
La gestión del sistema de citas depende del Ministerio del Interior, que ha introducido filtros técnicos para dificultar el uso de programas automatizados. Sin embargo, los agentes reconocen que las redes dedicadas a la reventa se adaptan con rapidez a los nuevos controles.
Los sindicatos coinciden en que el refuerzo estructural de plantillas y recursos es la única vía para evitar que el acceso a un trámite público termine condicionado por intermediarios ilegales y por la capacidad económica de personas en situación de especial vulnerabilidad.