El interés por el cultivo comercial del arándano, principalmente en la provincia de Huelva, está provocando un incremento de plantaciones de variedades protegidas multiplicadas de forma ilegal, sin licencia o autorización del obtentor correspondiente. Se trata de una situación "enormemente preocupante", por las implicaciones legales y comerciales para los agricultores y para toda la cadena, incluyendo la producción agrícola andaluza en su conjunto, según señala la empresa Geslive, que se encarga de canalizar las informaciones y denuncias sobre incumplimientos legales en materia de comercialización de variedades vegetales.
La multiplicación de variedades protegidas sin autorización implica una “grave infracción” de los derechos de propiedad industrial del obtentor, y puede constituir un delito que el Código Penal castiga con penas de hasta tres años de cárcel, según Geslive, desde dónde señalan que la responsabilidad puede recaer tanto en el vivero que multiplica ilegalmente, como en el agricultor, y puede extenderse también a los sucesivos comercializadores de la fruta “según han establecido varias sentencias firmes en diferentes Tribunales europeos, condenando al arranque de plantaciones además de las compensaciones económicas pertinentes al obtentor”.
Por otra parte, apuntan que la multiplicación de plantas de arándanos mediante viveros clandestinos, sin control oficial, da lugar a una planta sin garantía sanitaria ni trazabilidad e incrementa enormemente el riesgo fitosanitario, pudiendo provocar la propagación de enfermedades.
La Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía señala en su web: “La producción de semillas y plantas de vivero supone una actividad estratégica en Andalucía que es necesario proteger, puesto que las producciones no controladas conllevan un grave riesgo para el estado sanitario de los cultivos andaluces, especialmente para especies frutales como el almendro, el olivo y el arándano. El material comercializado no controlado carece de garantía de calidad respecto a su estado sanitario, identificación varietal ni origen, por lo que supone un posible foco de entrada de plagas y enfermedades”.
La multiplicación clandestina por viveros no controlados constituye además una falta administrativa muy grave, que acarrea sanciones de 30.001 a 300.000€, tal y como señala la Consejería.
Proliferan las denuncias contra viveros y plantaciones de arándano no autorizadas
Debido a este aumento de casos del uso fraudulento de material vegetal, las empresas obtentoras de estas variedades, representadas por Geslive, están llevando a cabo numerosos controles e inspecciones dirigidos a detectar y perseguir tales infracciones en campo, desde viveros a productores y a lo largo de la cadena comercial. En muchos casos, estas inspecciones dan lugar al inicio de procedimientos judiciales, que dan lugar a sentencias como la que condenó a seis meses de prisión a un productor por reproducción ilegal de paraguayo en junio de 2016 o la condena a un agricultor a nueve meses de prisión en octubre de 2015 por la posesión para la venta de plantas ilegalmente reproducidas de variedades vegetales protegidas de melocotón y nectarina (más información sobre sentencias similares en http://geslive.com/prensa.html).
El uso ilegal de variedades protegidas, una amenaza para el conjunto del sector
El uso ilegal de variedades protegidas “supone una grave amenaza no sólo para los obtentores y agricultores afectados, esa gran mayoría que opera dentro de la legalidad sufriendo competencia desleal, sino también para el conjunto del sector productor y exportador”.
Este tipo de fraude “desincentiva el esfuerzo en innovación que ha permitido a Huelva liderar los rankings exportadores, al disuadir a muchos obtentores de invertir en España y facilitar el acceso a nuevas variedades”. Esta situación provoca que proliferen las variedades “cerradas”, cuyo objetivo es precisamente proteger a los obtentores y a los agricultores autorizados de la competencia desleal e ilegítima de los infractores.
Comercialmente, el fraude es incompatible con todos los requerimientos de trazabilidad y sanidad de la distribución “y proyecta una imagen muy negativa del sector de frutos rojos de Huelva, y por extensión, de las exportaciones andaluzas, que no sólo daña a los productores profesionales sino que resulta especialmente peligrosa en un momento de amenazas a nuestro modelo de producción y exportación por parte de países competidores por los mercados de destino”.
La preocupación alcanza también a las autoridades competentes, conscientes del impacto del fraude. Por ello, entre otras medidas, desde el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente se ha promovido un Plan Nacional de Control de Viveros dirigido a detectar y perseguir las infracciones en la multiplicación ilegal de plantas, en cuya aplicación participa activamente la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de Andalucía.
Por otra parte, y en respuesta a las demandas de la producción y de la distribución, el certificado GLOBAL-GAP ha introducido requisitos de trazabilidad y origen legal del material vegetal, que implican acreditar el cumplimiento de la normativa sobre propiedad intelectual.
“La conducta irresponsable de un grupo minoritario puede afectar seriamente la viabilidad del sector, al dificultar el acceso a nuevas variedades, y poniendo en cuestión su credibilidad como proveedor y socio de confianza de los mercados europeos”, finaliza la empresa, que pide que en caso de conocer infracciones de este tipo acudan a su línea ética en www.geslive.com/linea_etica.html
