Fuentes municipales de Almonte reclaman al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), a través de la Dirección General de la Costa y el Mar, “una actuación inmediata para reparar los graves daños existentes en el dominio público marítimo-terrestre de Caño Guerrero, en Matalascañas, tras ocho años de abandono y ausencia total de actuaciones de conservación y defensa del litoral”.
Según estas fuentes, “la situación en esta zona del paseo marítimo es extremadamente grave”. El mar está destrozando infraestructuras públicas, el paseo marítimo presenta un avanzado estado de deterioro, se están rompiendo tuberías y el colector general de saneamiento que conduce a la depuradora está siendo seriamente dañado, lo que pone en riesgo incluso el funcionamiento de la propia estación. Todo ello supone “un riesgo evidente para la seguridad de las personas y un problema ambiental y de salud pública de primer orden”.
Asimismo, explican que, además de la dinámica natural del litoral, la situación se ha visto agravada por “la alteración del comportamiento de las corrientes tras la construcción del dique Juan Carlos I, sin que desde entonces el Estado haya llevado a cabo las actuaciones necesarias de aporte de arena y recrecido de espigones”. Esta “dejadez prolongada” ha provocado que, “desde el año pasado, los temporales estén causando daños estructurales continuos, dejando la zona de Caño Guerrero en una situación crítica”.
Tras ocho años sin actuaciones, sostienen que la Dirección General de Costas “no puede eludir su responsabilidad”, ya que los daños se están produciendo en el dominio público marítimo-terrestre, cuya gestión, conservación y protección corresponde exclusivamente al Estado. Consideran “injustificable que ahora el MITECO intente trasladar la responsabilidad al Ayuntamiento, especialmente cuando en años anteriores sí se actuó de urgencia en esta misma zona, reconociendo implícitamente la competencia estatal", y añaden que “el cambio de criterio actual carece de base técnica y jurídica”.
Desde ese entorno se subraya que “el Ayuntamiento está actuando hasta donde le permite la ley”. Dentro de sus limitadas competencias, está procediendo a la reposición de tuberías de saneamiento dañadas y ha puesto en marcha, gracias a una ayuda económica extraordinaria con motivo de la DANA, un proyecto para reponer parte de la infraestructura afectada. No obstante, son “rotundas” al afirmar que “estas actuaciones son claramente insuficientes frente a la magnitud real de los daños, que exceden con creces la capacidad técnica, económica y competencial de una administración local, y que a partir de ahí la responsabilidad es exclusivamente del Estado”.
Las mismas fuentes señalan que existe un “agravio comparativo y falta de igualdad”, al no entender que “el MITECO sí haya intervenido recientemente en otros municipios costeros, como Isla Cristina, tanto el año pasado como este mismo año, para reparar y proteger infraestructuras afectadas por el mar, mientras que en Matalascañas se niega cualquier actuación pese a la gravedad objetiva de los daños”. En este contexto, formulan dos preguntas: “Si en otros años el Estado ha actuado en Matalascañas por razones de urgencia, ¿por qué ahora no?”, “¿por qué sí en Isla Cristina y no en Matalascañas, cuando los daños son evidentes y la competencia es la misma?”.
Desde ese mismo ámbito advierten de que “este trato desigual resulta profundamente preocupante y lleva a cuestionar que las decisiones del Ministerio se estén adoptando en función del interés general, algo que consideran inadmisible en una administración pública”.
También subrayan que “lo que está ocurriendo en Caño Guerrero no es un problema menor ni local, sino una situación que afecta directamente a la seguridad de vecinos y turistas, al medio ambiente, al sistema de saneamiento y depuración, al tejido socioeconómico y turístico de Matalascañas y a la imagen de uno de los principales destinos turísticos de la provincia”. Añaden que “cada día que pasa sin actuación agrava los daños, incrementa exponencialmente el coste de reparación y multiplica los riesgos”.
Asimismo, califican de “incomprensible que el PSOE de Almonte no esté apoyando una reclamación que no es política, sino que defiende a los vecinos”, y recuerdan que “el Ayuntamiento representa al conjunto de la ciudadanía y actúa en defensa del interés general, de la seguridad y del futuro de Matalascañas”.
Finalmente, aseguran que “la inacción ya no es una opción” y advierten de que, “si se produce una desgracia, las responsabilidades estarán perfectamente claras”. Subrayan que “Almonte ha cumplido y seguirá cumpliendo hasta donde la ley y sus recursos se lo permiten, pero que ahora le corresponde al Estado cumplir con su obligación”, y concluyen que “el Ayuntamiento no va a permanecer callado ante el abandono del dominio público marítimo-terrestre ni va a aceptar que se siga poniendo en peligro a las personas, las infraestructuras y el futuro económico de Matalascañas”.
