Almonte aprueba una nueva ordenanza para impulsar la conservación de su patrimonio urbano

Esta medida no sólo busca prevenir riesgos y garantizar la seguridad de las edificaciones, sino que también pretende fomentar el mantenimiento proactivo y la rehabilitación de los edificios

El Ayuntamiento de Almonte ha aprobado en el último pleno una ordenanza que regula la Inspección Técnica de Edificaciones (ITE) en todo el término municipal.

Esta iniciativa busca asegurar que las edificaciones mantengan un estado óptimo de conservación, garantizando así la seguridad, salubridad y accesibilidad del patrimonio urbano.

La nueva normativa afecta principalmente a las viviendas que tengan más de 50 años; también a edificios no residenciales con la misma antigüedad. Las edificaciones protegidas, independientemente de su antigüedad, que estén catalogadas o protegidas por su valor histórico, artístico o cultural. Así como comercios, oficinas y centros de servicios, asegurando que estos espacios sean seguros para sus usuarios.

Los técnicos competentes, cualificados para llevar a cabo estas inspecciones, deberán elaborar un informe detallado sobre el estado del edificio, que incluirá la identificación de deficiencias estructurales, problemas de accesibilidad, y cualquier otro aspecto que pueda comprometer la seguridad del inmueble.

El informe de inspección debe ser visado por el colegio profesional correspondiente y presentado en las dependencias municipales. En caso de detectarse deficiencias, este deberá incluir un plan de actuaciones para su subsanación, estableciendo plazos específicos para la realización de las obras necesarias. Los propietarios tendrán un plazo máximo de seis meses para presentar el informe de inspección desde la notificación de la obligación.

El consistorio proporcionará asistencia técnica y asesoramiento a los propietarios durante el proceso de inspección y subsanación de deficiencias.

Además, se estudiará la posibilidad de ofrecer subvenciones o ayudas económicas para aquellos casos en los que las reparaciones necesarias supongan una carga económica significativa para los propietarios.

Esta medida no solo busca prevenir riesgos y garantizar la seguridad de las edificaciones, sino que también pretende fomentar el mantenimiento proactivo y la rehabilitación de los edificios. Asegurando un entorno urbano seguro y habitable para todos los ciudadanos.