El Pleno del Ayuntamiento de Almonte ha aprobado iniciar la tramitación de una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) con el objetivo de ordenar y regularizar las viviendas destinadas a trabajadores temporeros en el campo. La medida busca dar respuesta a una realidad existente desde hace años en el municipio, estrechamente ligada al sector agrícola, principal motor económico de Almonte.
La iniciativa pretende resolver el bloqueo legal generado por la contradicción entre el PGOU vigente, que prohíbe el uso residencial en determinados suelos rústicos, y la normativa autonómica actual, que reconoce los alojamientos para temporeros como un uso vinculado directamente a la actividad agraria. Esta situación había impedido hasta ahora regularizar construcciones ya existentes y avanzar con seguridad jurídica.
La propuesta aprobada en Pleno surge a partir de la demanda directa de los agricultores y es fruto de un trabajo conjunto entre el propio sector, los técnicos municipales, el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía. El proceso se ha basado en el diálogo y el análisis técnico para ofrecer una solución ajustada tanto a la legalidad como a la realidad social y económica del municipio.
Desde el Consistorio se insiste en que la modificación del PGOU no plantea urbanizar el suelo agrícola ni cambiar su naturaleza, sino permitir usos compatibles con la actividad agraria, como son los alojamientos para trabajadores temporeros. El objetivo es facilitar la viabilidad del sector, garantizando condiciones dignas para la mano de obra y estabilidad para las explotaciones.
La modificación se articula a través de la innovación número 33 del PGOU y responde a un interés público, al permitir ordenar una situación que, sin regulación, puede derivar en infravivienda, asentamientos irregulares y mayor presión sobre los servicios públicos. El Ayuntamiento defiende que el planeamiento urbanístico también debe servir como herramienta de política social y de mejora de la convivencia.
Con esta aprobación inicial, Almonte apuesta por sustituir situaciones irregulares por planificación, control municipal y criterios técnicos claros. La futura regulación permitirá definir la localización adecuada de estos alojamientos, su integración ambiental, el acceso a servicios básicos y un marco jurídico más estable tanto para el sector agrícola como para los trabajadores.
Desde el equipo de gobierno se valora este paso como un avance importante para el futuro del campo almonteño y como un ejemplo de cooperación entre administraciones y sector privado para dar respuesta a problemas reales con soluciones responsables y ajustadas a la legalidad.
