Los Bancos de Alimentos alertan de que las tarjetas monedero dejan fuera a más de 350.000 familias

Las entidades sin ánimo de lucro movilizarán a la sociedad con campañas de obtención de recursos para amortiguar las consecuencias del nuevo programa del Gobierno

Voluntarios del Banco de Alimentos de Huelva
photo_camera Voluntarios del Banco de Alimentos de Huelva

El nuevo sistema de tarjetas monedero aprobadas por el Gobierno está generando una oleada de críticas por parte de entidades sin ánimo de lucro como los Bancos de Alimentos, especialmente en lo relativo a las condiciones impuestas por el Ministerio de Derechos Sociales que dirige Pablo Bustinduy.

Así se puso de manifiesto en el XXVII Congreso de la Federación de Bancos de Alimentos (Fesbal) celebrado recientemente donde se anunció la movilización de la sociedad española con campañas de recogidas de alimentos ante las consecuencias de la implantación del nuevo sistema de tarjeta monedero para la distribución de reparto de ayuda alimentaria a personas vulnerables que, según la estimación de la organización, "deja fuera a más de 350.000 familias y personas que siguen acudiendo a alguna entidad benéfica".

Entre las limitaciones impuestas para conseguir las tarjetas que oscilan entre 130 y 220 euros al mes, se encuentra la obligatoriedad de ser una unidad familiar a partir de dos miembros con menores a su cargo en función de su renta así como comprar únicamente en supermercados que en el caso de la provincia de Huelva se reduce básicamente a Eroski-Caprabo y Carrefour.

El programa estatal se está llevando a cabo con Cruz Roja a través de una subvención de 100 millones de euros procedentes del Fondo Social Europeo Plus (FSE+) desde el mes de abril hasta finales de año, pero su ejecución dependerá de las comunidades autónomas a partir de 2025 a pesar de que no cuentan con la coordinación unánime de la mayoría de entidades sin ánimo de lucro.

Por su parte, la consejera andaluza de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, ha remarcado este jueves en el Parlamento que el sistema de las tarjetas monedero impuesto por el Gobierno es “nefasto, caótico y excluyente” y deja fuera al 85 por ciento de las personas usuarias que, a día de hoy, son atendidas mediante el reparto de alimentos básicos en Andalucía. “Excluye a más de 280.000 andaluces y andaluzas”, ha asegurado.

Durante su comparecencia, la consejera ha recriminado al Ejecutivo de Pedro Sánchez “los cuatro bulos” que ha difundido sobre el actual sistema impuesto de las tarjetas, el cual solo contempla como destinatarios a familias con menores a cargo y un determinado nivel de renta, dejando fuera a personas mayores, personas sin hogar o personas migrantes, entre otros colectivos.

Así, la consejera ha desgranado “los bulos” que sostiene el Ejecutivo en esta materia y ha explicado, en primer lugar, en el Consejo Territorial se votó un sistema que “no estigmatizase a las personas y no un sistema caótico como éste que deja sin alimentos a 280.000 personas”; en segundo lugar “no es una imposición de Europa puesto que sólo España junto  a 5 países ha optado por este sistema”, ha explicado.

Por otro lado, López ha continuado con el tercer “bulo” afirmando que “sí afecta a entidades de reparto de voluntarios, comedores sociales y trabajadores vinculados como dice el propio informe y alertan los Bancos de Alimentos”; y el último “bulo”, desde el Gobierno “apremian a las comunidades autónomas a usar el tramo autonómico cuando es estatal y negociado con fondos europeos”, ha sostenido.

“El Gobierno dice que con esta medida quiere acabar con las colas del hambre y lo único que pretende es esconderlas”, ha enfatizado la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, que ha advertido de la complejidad de que a partir de 2025 sean las comunidades autónomas quienes se encarguen de este sistema cuando “el Gobierno, en un año que lleva con el programa marco, ha sido incapaz y ha tenido que recurrir a una subvención directa a una entidad” para ponerlo en marcha de manera efectiva.

Finalmente, la consejera ha expresado su esperanza en que en el próximo Consejo Territorial extraordinario del día 24 de mayo el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, “rectifique” y dé una solución a esta compleja situación.