CCOO y UGT consideran que el Gobierno andaluz "no ha tenido en cuenta los problemas reales de las familias onubense al elaborar los presupuesto de 2023"

Los secretarios generales de CCOO y UGT de Huelva, Julia Perea y Sebastián Donaire, han mostrado su preocupación “ante la falta de compromiso que el Gobierno Andaluz está demostrando con la ciudadanía al presentar un proyecto de presupuestos para 2023 en el que se olvida de los problemas reales de los onubenses”. Los dirigentes sindicales califican de “ilógico y alarmante” que ante la elevada inflación la respuesta del Gobierno andaluz sea poner sobre la mesa unos presupuestos “vacíos de contenidos” en lo que no se tienen en cuenta los problemas que afecta a las familias como “la falta de empleo, la elevada inflación, la falta de cohesión y de oportunidades”.

Es por ello que, desde las organizaciones sindicales le exigen al Gobierno de la Junta de Andalucía que “incluyan de manera urgente” el plan que han elaborado ambos sindicatos para “paliar los efectos de la inflación en las familias y sectores productivos”. Medidas que “ayuden a aminorar los efectos de la inflación sobre las familias y pymes andaluzas, apostando por la mejora salarial, el reforzamiento del escudo de protección social, el refuerzo de nuestro modelo productivo y el incremento de los derechos sociales, laborales y económicos”

El proyecto presentado por UGT y CCOO recoge también medidas a corto plazo que son competencia del Gobierno andaluz, como un bono para afrontar el pago de suministros básicos como la luz, el agua o algunos elementos de la cesta de la compra; agilizar la renta mínima; bonificar un 30% el transporte para complementar el 30% que ya aplica el Gobierno central; que se pueda desgravar la hipoteca y las rentas del alquiler; gratuidad en la enseñanza de 0 a 3 años; o complementar con ayudas sociales las rentas de las personas mayores en situación más vulnerable. Asimismo, entre las medidas de este plan, se incluye una ayuda extraordinaria a favor de pensionistas por jubilación e invalidez en sus modalidades no contributivas.

Los sindicatos proponen, a largo plazo, un plan de empleo juvenil, un plan contra el fraude laboral, un plan contra la siniestralidad laboral, una reforma de la negociación colectiva que contemple, entre otras cuestiones, que el dinero que se le dé a las empresas esté condicionado al cumplimiento de los derechos laborales de sus plantillas.

La secretaria general de CCOO en Huelva, Julia Perea ha manifestado que “la Junta de Andalucía en la elaboración de los presupuestos no ha sido sensible con la realidad de los trabajadores y las trabajadoras de Andalucía y Huelva, al no incluir medidas que beneficien a la clase trabajadora, medidas encaminada a corregir la alta inflación, que este año de media está en un 8%”. Asimismo, Julia Perea ha recordado que “en nuestra provincia el incremento medio de los convenios se ha fijado en un 2,4% aproximadamente, mientras que es muy probable que la tasa del IPC cierre en torno a un 10%, por lo tanto, va a haber una importante pérdida de poder adquisitivo de las personas trabajadoras en nuestra provincia como ya ocurriera en 2022”.

Perea ha enfatizado que mientras “la inflación está afectando a la familia y empobreciendo aún más a las personas trabajadoras, en Huelva y en Andalucía no estamos viendo medidas que vayan encaminadas a paliar los golpes que la propia inflación está teniendo en los trabajadores y las trabajadoras.

En la misma línea se ha expresado el secretario general de UGT Huelva, Sebastián Donaire al valora “negativamente el incremento del nivel general de precios” y aunque reconoce el nuevo descenso en la interanual, a pesar de ello y aun siendo cierto que hace apenas tres meses era del 11,2%, una tasa del 7,7% continúa siendo tremendamente elevada, conllevando a una minoración en el poder adquisitivo de los trabajadores.

En cuanto a la situación de Huelva, Donaire ha señalado que “el IPC ha subido siete décimas en el mes de octubre, con respecto al mes anterior, lo que supone que Huelva sea la tercera provincia andaluza donde más se encarecen los productos, un 0,7% más que la media andaluza. Esto supone, a tenor de que Huelva es la provincia donde más precariedad hay de Andalucía, y donde los salarios son más bajos, que la situación sea insostenible para miles de familias onubenses que no pueden llegar a final de mes antes los precios disparados en las energías, en la alimentación y en situaciones básicas de supervivencia”.

UGT denuncia que “la clase trabajadora sigue sin mejoras salariales sustanciales. En lo que llevamos de año, los salarios de convenio solo se han incrementado un 2,4% aproximadamente, hasta octubre, muy por debajo de las cifras registradas por el índice general de precios, resultando en una gran caída del poder de compra de las familias que puede tener graves efectos sobre la actividad de las empresas, la creación de puestos de trabajo y el dinamismo de la economía, además de elevar los niveles de pobreza laboral y de desigualdad económica”

Por otra parte, desde CCOO se ha criticado “la apuesta del Gobierno andaluz por rebajar los impuestos a las rentas más altas, eliminando el impuesto de patrimonio, y sin embargo no hemos visto una rebaja en la renta media de la clase trabajadora en su parte autonómica, una medida que beneficiaría y que ayudaría directamente a los trabajadores y trabajadoras”.

Según ha declarado Perea “esta reducción de impuestos afecta a las rentas del trabajo, no olvidemos que 8 de cada 10 andaluces tributan por debajo de los 30.000 euros anuales, lo que significa que la reducción de impuestos para el 80% de la población andaluza es de entre 70 u 80 euros anuales, sin embargo, la renta más alta, las que tributan por encima de los 120.000 euros, han visto reducidos sus impuestos en más de 2.000 euros anuales, por lo tanto es más que evidente que el Gobierno de la Junta de Andalucía está apostando por beneficiar, en cuanto a recaudación fiscal a la renta más alta, frente a las rentas del trabajo y frente a la clase trabajadora que es la mayoría que contribuye para que se establezcan y se hagan los propios presupuesto de la Junta de Andalucía”.

En este sentido, desde UGT se ha manifestado que “esperemos que la Junta de Andalucía, en sus presupuestos contemple partidas presupuestarias y que no solamente se dediquen a bajar los impuestos a los más pudientes,” “si no partidas que garanticen la sanidad, la educación, la dependencia.” “Es necesario y urge – subraya Sebastián Donaire- seguir trabajando con los agentes sociales y económicos, en la búsqueda de medidas necesarias para poder paliar esta situación de precariedad que padecen nuestros conciudadanos.” Afirmando que “los presupuestos andaluces no cumplen las expectativas, siguen sin apostar por modernizar nuestro tejido productivo y sin proteger a la mayoría de andaluces y andaluzas ante esta crisis inflacionista”.

Por último, desde CCOO se ha criticado el giro que ha dado el Gobierno andaluz con respecto a las políticas activas de empleo, así como en la falta de un cambio en el modelo productivo, el recorte en servicios públicos y sociales, “imperando la privatización de la sanidad y la educación obligando a las familias a tener que endeudarse para poder tener un seguro médico y/o para poder ofrecer a sus hijos o hijas formación universitaria en centros privados”

Finalmente, Donaire considera que “es urgente que las consecuencias de la inflación sean tenidas en cuenta en todas las negociaciones, de manera que se distribuyan las cargas y aumenten los salarios” y ha destacado que es más necesaria que nunca una política económica y presupuestaria que apueste por el desarrollo socioeconómico”

Con el fin de parar esta situación los agentes sociales, a iniciativa propia, han propuesto un paquete de medidas con la que dotar un plan anti-inflación.