El alcalde de Punta Umbría, José Carlos Hernández Cansino, ha sido citado a declarar por el Juzgado de Instrucción número 4 de Huelva tras la denuncia presentada por el PSOE de dicha localidad por presunta prevaricación, malversación y continuidad delictiva en la venta de parte del suelo considerado patrimonio municipal.
En concreto, en un auto, el titular del juzgado fija para el 24 de noviembre a las 10:00 horas la comparecencia del regidor como investigado y asimismo, libra oficio al Ayuntamiento de Punta Umbría para que remita una serie de expedientes relacionados con esta operación.
Cabe recordar que el pasado mes de mayo el grupo municipal socialista presentó una demanda contencioso-administrativa contra el acuerdo del pleno del 25 de marzo por el que se aprobaba la convocatoria de venta del SAPU 5, así como una querella por lo penal contra Hernández Cansino, por dichos delitos.
Entonces, el secretario general del PSOE de Punta Umbría, Jesús Ferrera, criticó “la estrategia dañina y de falsedades que lleva a cabo el alcalde del municipio, Hernández Cansino, para captar inversores en el SAPU5, anunciando la construcción de un puerto de deportivo al que la Junta de Andalucía no autoriza”.
Según indicó, “la coalición Cansino-PP ha vendido el terreno del SAPU5 para la construcción de chalets unifamiliares de lujo, hoteles, apartamentos turísticos y para la construcción de un puerto deportivo. Un puerto deportivo que iría ubicado en la zona de ría, como se recogen en los pliegos de condiciones que se aprobaron en pleno”.
Así, ha señalado que tras dicha aprobación, “desde el PSOE de Punta Umbría ya advertimos que se estaba recogiendo la creación de una instalación para la que no había ni permiso ni autorización por parte de la Junta de Andalucía. Y hoy podemos argumentar y afirmar que la Junta de Andalucía no ha dado ningún permiso al ayuntamiento de Punta Umbría para dicha construcción”, ha apuntado.
Así, ha subrayado que esta nueva denuncia “se suma a las ya presentadas en el juzgado sobre este mismo asunto”, concretamente una demanda contencioso-administrativo del Grupo Municipal Socialista contra el acuerdo del pleno del 25 de marzo por el que se aprobaba la convocatoria de venta del SAPU 5; así como una querella por lo penal contra el alcalde de Punta Umbría por “presunta prevaricación, malversación y continuidad delictiva”.
