La organización Ecologistas en Acción ha denunciado la situación vivida en los 40 asentamientos de temporeros en la provincia de Huelva donde llegan a vivir más de 4.000 jornaleros en la época de la campaña de recogida de la fresa que va de enero a junio.
De esta manera denuncian el "abandono" por parte de las administraciones competentes a las que aseguran que a finales de julio cuarenta colectivos sociales, ecologistas, sindicatos y partidos políticos "recientemente urgieron a establecer un corredor de emergencia para asegurar el acceso de agua potable y salubridad en los asentamientos ante las sucesivas olas de calor de este verano".
Dichas organizaciones sociales, entre las que se encuentra Ecologistas en Acción, han difundido ahora un vídeo donde muestran la realidad de los asentamientos del entorno de Moguer, Palos de la Frontera, Lepe y Lucena del Puerto.
Asimismo, tal y como denuncian las organizaciones, lamentan "la falta de avances significativos" en la implementación del Marco de Actuaciones socioeconómicas del entorno de Doñana coordinado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que establece la “mejora de las condiciones de vida y habitabilidad de vivienda de los temporeros agrícolas” estableciendo “a corto plazo, módulos portátiles con acceso a agua potable, aseo y puntos de carga eléctrica”.
"Únicamente están siendo atendidos por asociaciones como La Carpa con personas voluntarias que en lo que va de verano ha efectuado una decena de repartos en los asentamientos en los que ha distribuido más de 10.000 litros de agua embotellada en los asentamientos del entorno de Doñana y Lepe", aseguran.
Además, la organización ecologista reitera su denuncia a pesar, afirman, de "los anuncios que viene realizando en los últimos meses la consejera de Inclusión Social de la Junta de Andalucía, Loles López, en torno Plan EASEN para erradicación de los asentamientos"; y de los ayuntamientos de Moguer, Palos de la Frontera y Lucena del Puerto cuyos alcaldes "se niegan a empadronarlos y, por tanto, a reconocer a estas personas como ciudadanas y ciudadanos de esos municipios, contraviniendo con ello la legalidad", denuncian.
Por todo ello, las organizaciones reclaman a las distintas administraciones la creación de "una mesa de trabajo específica coordinada por la Oficina Técnica de Doñana", la "intervención de urgencia para asegurar el acceso a agua potable y retirada de residuos del entorno de los asentamientos así como "regularizar a estas personas para blindar sus derechos y asegurar que puedan acceder a condiciones de trabajo dignas”.
I Plan Estratégico para erradicar los asentamientos
Cabe destacar que durante el mes de julio se presentaron en la provincia onubense los resultados previos a la elaboración del primer Plan Estratégico para erradicar los asentamientos en provincias como Huelva o Almería por parte de la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta, Loles López, acompañada por el delegado del Gobierno en Huelva, José Manuel Correa, y el director general de Políticas Migratorias, Jesús Toronjo.
El análisis , que ha contado con la participación de agentes económicos y sociales, ha dado como resultado 79 propuestas en todas las áreas de intervención, pues durante el proceso de elaboración han intervenido durante ocho meses hasta 10 mesas sectoriales, 50 instituciones convocadas y consultadas, más de 1.000 horas de consultoría técnica y más de 125 propuestas específicas de intervención.
Desde la Junta, explicaron que en primer lugar ha tenido una fase de conocimiento y una segunda de consulta en la que han participado responsables de administraciones públicas (diputaciones, ayuntamientos, la propia Junta), empresarios, sindicatos, universidades, colegios profesionales, entidades sociales, Defensor del Pueblo, Fiscalía, Audiencia Provincial, etc, lo que "da una muestra de que es un análisis participado y consensuado con todos los agentes implicados".
Durante su presentación reclamó "la implicación a fondo" del Gobierno al tener competencias directas en esta materia como aseguró que hace la Junta de Andalucía. "Se trata de una cuestión de primer nivel y que, como se ha puesto de manifiesto estos días, la migración es un fenómeno creciente que requiere que el Gobierno se implique de verdad y a fondo. Si el Gobierno central no se implica, no se podrá acabar con los asentamientos”, reiteró López.
Cabe recordar que en el acuerdo reciente de la Mesa por las Infraestructuras de la Diputación de Huelva se incluye un punto sobre los asentamientos, por lo que López explicó que ha puesto a disposición de todas las administraciones este estudio y el posterior plan que se elabore.
