El Partido Popular de Huelva ha pedido hoy la dimisión del delegado del Gobierno andaluz en Huelva, Francisco José Romero, por su "deslealtad institucional" hacia el Ayuntamiento de Calañas en la gestión del vertido de la mina de La Zarza, ubicado en el término municipal de Calañas, ya que "el representante legítimo de los vecinos, cuatro días después, sigue sin tener ningún conocimiento oficial por parte de la Junta de lo ocurrido ni de las medidas a tomar, ni de las consecuencias que se puedan derivar".
Así lo ha manifestado hoy en rueda de prensa el presidente provincial del PP y portavoz adjunto del Grupo Popular en el Parlamento, Manuel Andrés González, que ha comparecido en la sede del PP acompañado por el alcalde de la localidad, Mario Peña. González, tras recordar que su partido ha registrado en el Parlamento andaluz una batería de iniciativas solicitando la comparecencia del consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, José Fiscal, para que explique los daños y las consecuencias del vertido, ha precisado que es "el momento de pedir responsabilidades políticas por esta mala gestión".
En este sentido, el líder de los populares onubenses ha recriminado al delegado de la Junta en Huelva que "no haya contactado en ningún momento con el alcalde, obviando los principios básicos de la democracia, la colaboración y la cooperación entre administraciones necesarias para gestionar un incidente de este tipo”. Asimismo, ha criticado que tampoco haya dado explicaciones al respecto".
Por ello, ha insistido, “creemos que debe dimitir porque no ha actuado bajo las premisas básicas que exige un Estado Democrático de Derecho, ya que lo primero que debería haber hecho es levantar el teléfono o haber ido a la Alcaldía para ir de la mano con el alcalde en este asunto".
González ha dejado claro que el alcalde de Calañas "sigue sin tener conocimiento oficial por parte de la Junta de lo ocurrido con este vertido, que puede repercutir negativamente en la salud de las personas, un asunto que se puede calificar de grave", indicando además que "hay otros municipios que alcanza el río Odiel".
Así, ha concluido afirmando que "la actuación del PSOE no nos coge de sorpresa” aunque ha añadido que es "la primera vez que, ante un hecho tan grave, el PSOE no comunica al representante legítimo de los vecinos los daños que ha producido el vertido y qué va a hacer al respecto".
Por su parte, el alcalde de Calañas, Mario Peña, ha lamentado la situación y ha asegurado que le comunicó al propio delegado de la Junta que iba a presentar una queja formal ante las dos consejerías por lo ocurrido, a la par que ha lamentado "una importante carencia de medidas de seguridad en la zona por la confluencia de maquinaria pesada". En este sentido, ha asegurado que la Policía Local de Calañas está ejercitando sus funciones en la zona, en coordinación con la Guardia Civil, mientras sigue a la espera de que "alguien se ponga en contacto con este alcalde para conocer los posibles daños".
Peña ha indicado que “cuatro tres días después a la declaración de emergencia nivel 1, se sigue sin contactos oficiales, coordinación de plan de emergencias, información institucional o contactos con responsables de los trabajos” por parte de la Junta de Andalucía.
Pese a ello, el alcalde ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad y esperanza de que lo acaecido “no sea tan grave como parece” aunque ha señalado que “la gestión no sólo parece ser nefasta por parte de la Junta de Andalucía, sino que lo es, y la profunda, manifiesta, incompresible y necia deslealtad institucional raya lo ilegal, sino lo es directamente”.
Así, ha indicado que “ya no tiene más sentido callar, ni por prudencia” y ha insistido en que el Ayuntamiento “cumple con su deber de informar a los ciudadanos”. Además, ha recalcado, “a estas alturas parece clara una responsabilidad al menos de culpa in vigilando de la Junta de Andalucía en el vertido y sus consecuencias”.
La pasada semana "se hablaba de más de 650 millones de metros cúbicos vertidos" y, a pesar de los trabajos realizados por la Junta, "no quita que el daño ya esté hecho". Por tanto, considera "vergonzosa" la actuación por parte de los representantes de la Junta que, a su juicio, "han transgredido tanto la buena fe como la lealtad institucional y algún elemento legal más".
No obstante, espera que los daños medioambientales "sean los mínimos", aunque ha señalado que "el río Odiel no es un río excesivamente potable a su paso por Calañas pero el ecosistema se ha adaptado".
El primer edil ha manifestado también que "el vertido se produce por falta de mantenimiento y, aunque una compañía es dueña de la mina y otra del terreno, las competencias de legislación ambiental y vigilancia son de la Junta", por tanto teme que "esto pueda ocurrir en otras instalaciones mineras en la misma situación".
