El Consejo de Ministros ha aprobado este martes 27 de enero un Real Decreto-ley de medidas urgentes de apoyo a las víctimas de los accidentes ferroviarios de Adamuz y Gélida, que contempla un paquete económico de 20 millones de euros destinado a agilizar la llegada de ayudas a los afectados y evitar las demoras habituales de los procedimientos ordinarios de los seguros.
La medida ha sido presentada por el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, tras la reunión del Consejo de Ministros. El decreto establece ayudas inmediatas a las víctimas y el adelanto de parte de las indemnizaciones del seguro de responsabilidad civil, que se sumarán a los derechos ya reconocidos en el ordenamiento jurídico para las personas afectadas por accidentes ferroviarios y sus familiares.
Las ayudas serán compatibles con las indemnizaciones obligatorias de los seguros y con otras coberturas previstas en la ley. Además, se abonarán en un único pago y estarán exentas de tributación, por lo que los beneficiarios las percibirán íntegramente.
El paquete económico moviliza un total de 20 millones de euros, repartidos en dos bloques de 10 millones cada uno: ayudas urgentes directas y anticipos de las indemnizaciones del seguro. En los casos de fallecimiento, se establece una ayuda directa de 72.000 euros por cada persona fallecida, a la que se suma la misma cantidad en concepto de anticipo del seguro.
En los supuestos de lesiones corporales, las cuantías se estructuran en función de la gravedad, con importes que van desde 2.400 euros en los casos de menor entidad hasta 84.000 euros en las lesiones de máxima gravedad. Estas cifras se aplican tanto a las ayudas directas como a los anticipos del seguro.
Durante su intervención, el ministro subrayó que el objetivo de estas medidas es garantizar que ninguna víctima ni ninguna familia tenga que afrontar, además de una tragedia personal, una situación de angustia económica o de desamparo institucional.
Asimismo, Puente anunció el inicio de modificaciones normativas para implantar este mecanismo de forma estructural en el ordenamiento jurídico español, de modo que el Estado pueda asumir con carácter anticipado el pago de un porcentaje de las indemnizaciones en accidentes de transporte colectivo, sin perjuicio de la posterior determinación de responsabilidades civiles.
Por último, el ministro reiteró el compromiso del Gobierno con la transparencia y el esclarecimiento de los hechos, asegurando que se seguirá trabajando para reforzar la seguridad ferroviaria y garantizar una atención integral a las víctimas y a sus familias.
