El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha firmado hoy en Huelva un protocolo de colaboración con los Ayuntamientos de Moguer, Palos de la Frontera y Lucena del Puerto con el objetivo de mejorar las condiciones de vida y habitabilidad de las personas temporeras agrícolas que residen en el entorno de Doñana.
El acuerdo, enmarcado en el Marco de Actuaciones Socioeconómicas de Doñana, responde a una estrategia estatal impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica para compatibilizar la sostenibilidad medioambiental, social y económica de esta zona especialmente sensible. En concreto, se trata de la línea 13 de dicho plan, centrada en atender la situación de especial vulnerabilidad en la que viven muchas personas temporeras.
El protocolo, con una duración inicial de tres años, establece las bases para futuros convenios que concreten actuaciones específicas. Entre las medidas contempladas se incluye la adquisición, rehabilitación y adecuación de viviendas, así como la habilitación de espacios residenciales adaptados a las necesidades del colectivo. Para su desarrollo, se articulará un marco normativo que permita canalizar financiación estatal a los tres municipios firmantes.
La firma del acuerdo ha contado con la participación de la subsecretaria de Vivienda y Agenda Urbana, Llanos Castellanos Garijo, y los alcaldes de Moguer, Gustavo Cuéllar; de Palos de la Frontera, Milagros del Rocío Romero; y de Lucena del Puerto, Álvaro Regidor. También ha estado presente la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico.
El protocolo forma parte del Marco de Actuaciones Socioeconómicas para Doñana, dotado con 350 millones de euros, que incluye líneas de apoyo al sector agroalimentario, ganadero y forestal, así como a la mejora de la empleabilidad y la calidad de vida de los trabajadores temporeros. Este se integra, a su vez, en un plan más amplio que destinará 706 millones de euros y que involucra a doce ministerios del Gobierno central, en una iniciativa sin precedentes de compromiso medioambiental y social con Andalucía.
La Oficina Técnica de Doñana será la encargada de coordinar desde el territorio la ejecución de los proyectos, en una apuesta por aunar restauración ecológica y justicia social como base para un desarrollo realmente sostenible.