Huelva ejecutó un total de 133 medidas judiciales de medio abierto a menores infractores durante 2024, según datos de la Junta de Andalucía. Estas medidas, impuestas por los jueces de Menores, incluyen tareas socioeducativas y prestaciones en beneficio de la comunidad. Además, se desarrollan en el entorno más cercano de los jóvenes gracias a convenios con 27 ayuntamientos y cuatro entidades sociales onubenses.
La Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública dispone en toda Andalucía de casi 300 acuerdos con consistorios y ONG para facilitar el cumplimiento de estas medidas no privativas de libertad, que buscan reeducar a los menores y fomentar la reparación del daño a la sociedad. Asimismo, en Huelva colaboran en esta tarea organizaciones como el Banco de Alimentos.
Estas actuaciones permiten que los menores puedan desarrollar actividades en servicios municipales de su propia localidad, sin necesidad de desplazarse. La mayoría de las tareas se vinculan a labores de mantenimiento urbano, limpieza o apoyo en asociaciones, especialmente eficaces cuando los delitos están relacionados con el patrimonio.
Durante el pasado año, en Andalucía se ejecutaron 567 medidas socioeducativas y 321 de prestaciones a la comunidad, todas ellas no remuneradas y sin sustituir puestos de trabajo. Además, las policías locales colaboran en los casos de libertad vigilada, la medida más frecuente en los juzgados de menores.
El consejero de Justicia, José Antonio Nieto, ha destacado que esta red de colaboración “permite a los menores tomar conciencia de otras realidades sociales y educarse en valores que los alejen de conductas conflictivas”. También ha señalado la implantación de la herramienta PRISMA, que digitaliza y centraliza el seguimiento de cada expediente.
La mayoría de los menores sancionados en Andalucía son varones (81,5%), españoles (90,2%) y con edades entre los 16 y 17 años (51,2%). En total, durante 2024 se aplicaron 4.681 medidas de medio abierto en toda la comunidad, siendo Huelva una de las provincias con menor número, por detrás de Málaga, Sevilla, Cádiz o Granada.
Estos programas representan una apuesta por la justicia restaurativa y la reinserción social de los menores, con la implicación directa de ayuntamientos, ONG y la administración autonómica.
