La provincia de Huelva cuenta desde este mes con 12 nuevos funcionarios en sus órganos judiciales tras la entrada en vigor de la primera fase de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, que transforma los juzgados unipersonales en tribunales de instancia. Este cambio ha supuesto la creación de diez nuevas plazas y la consolidación de otras dos, con un coste anual superior a los 512.000 euros asumido íntegramente por la Junta de Andalucía, según ha destacado el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, durante su visita a Huelva.
Los cinco partidos judiciales ya adaptados en la provincia son Aracena, Ayamonte, Moguer, La Palma del Condado y Valverde del Camino. Huelva capital no se suma por ahora a este modelo, ya que se integrará en la tercera fase del proceso, prevista para el 31 de diciembre, cuando “contaremos con más experiencia”, ha señalado Nieto.
Durante una reunión con autoridades judiciales y representantes de colegios profesionales, el consejero ha detallado que el nuevo modelo implica una reestructuración organizativa en la que los funcionarios ya no pertenecen a un juzgado concreto, sino que prestan servicio de forma colegiada a todos los jueces del tribunal de instancia. Esto ha obligado a modificar las Relaciones de Puestos de Trabajo (RPT), ampliando plantillas y creando nuevas jefaturas, con sus correspondientes complementos por función.
En total, Andalucía ha creado 81 nuevas plazas para esta primera fase de implantación del modelo, de las que 12 corresponden a Huelva: una plaza de Gestión Procesal y dos de Auxilio Judicial en Aracena, dos de Gestión y dos de Tramitación Procesal en Ayamonte, y dos de Tramitación en Moguer. Además, se han consolidado como estructurales una plaza de Tramitación en Ayamonte y otra en La Palma.
A esta reestructuración de los tribunales de instancia se añade la transformación de los antiguos Juzgados de Paz en Oficinas de Justicia Municipales. En Huelva, nueve municipios han sido incluidos en esta primera fase: Palos de la Frontera, Minas de Riotinto, Almonte, Nerva, Bollullos del Condado, Rociana, Paz de Cartaya, Isla Cristina y Lepe. En esta última se ha reforzado también el personal con una nueva plaza del cuerpo de Tramitación Procesal.
Nieto ha insistido en que la Junta está haciendo frente al coste de la reforma sin el respaldo económico del Ministerio, a pesar de que se trata de una norma estatal. Además del refuerzo de personal, ha recordado que la aplicación completa de la reforma requerirá una inversión global de 57 millones de euros por parte del Gobierno andaluz, destinados a adaptar sedes judiciales, renovar equipamientos tecnológicos y habilitar nuevos espacios acordes al modelo organizativo.
Por otro lado, el consejero ha anunciado también el inicio inminente de las obras del nuevo Palacio de Justicia de Huelva, tras haberse adjudicado el proyecto por 2,5 millones de euros, otra de las actuaciones clave para modernizar el sistema judicial en la provincia.