María Jesús Montero no dio un paso en falso en su visita a Bonares hace una semana. Más allá de sus reiterados intentos por justificar la nueva financiación autonómica, volvió a comprometerse —sin aportar datos ni fechas— con dos de los problemas que más preocupan a la provincia: las obras pendientes en el paseo marítimo de Matalascañas y el desbloqueo del proyecto de la presa de Alcolea.
Este último llega después de que el consejero de Agricultura, Ramón Fernández-Pacheco, anunciara esta semana en Huelva que había firmado y remitido al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico un principio de acuerdo para ceder las competencias de la obra del Ejecutivo central al autonómico. Montero, en público, consideró necesario actualizar “el convenio”. Minutos después, en una indiscreta reunión con los regantes, según fuentes presenciales, se comprometió a “firmar” la cesión de las obras.
El encuentro no fue casual, sino programado con el PSOE de Huelva, tal y como han confirmado fuentes socialistas y regantes consultados por este diario. Duró aproximadamente "siete minutos" y reunió a la cúpula de la Asociación de Comunidades de Regantes de Huelva, Huelva Riega. En parte, sirvió para rebajar la crispación del sector con el Ejecutivo. Montero, siempre bajo fuentes presentes en la reunión, prestó atención a los regantes: "Estaba preocupada por el tema". Escuchó una “introducción” sobre la importancia del regadío para los sectores productivos de la provincia y atendió la problemática que el sector arrastra desde 1998. Tras escuchar a los regantes, les trasladó que el MITECO firmaría el protocolo, aunque lo haría una vez fuera actualizado.
Gobierno de España, Junta de Andalucía y sector del regadío coinciden en la necesidad de revisar los aspectos económicos de una obra que acumula cerca de ocho años de bloqueo. Lo que Montero no concretó —ni en público ni en privado— fue una fecha para una reunión entre administraciones que permitiera dar respuesta a casi cuatro meses de peticiones de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural.
Los regantes no se esconden en apoyar una cesión de competencias de la obra del Gobierno central a la Junta de Andalucía. Más allá de esa disposición, confirman a este medio su interés en que ambas administraciones concreten cuánto se ha incrementado el coste del proyecto desde 2017, de modo que la Junta pueda saber, principalmente, qué cantidad debería destinar el MITECO a otros proyectos hidráulicos en Huelva, tal y como ya acordaron el responsable de la Consejería y el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, antes del inicio del verano. Fuentes de la cúpula de Huelva Riega apuntan a que la obra alcanzaría actualmente los “100 millones de euros”, una cifra que consideran inferior al impacto positivo que tendría en sectores como la agricultura o la industria.
El Gobierno andaluz se muestra cauto y asegura haber cumplido su parte. Fuentes de la Consejería cierran la puerta a “actualizar el proyecto sin saber si vamos a hacer la obra”, una decisión que Montero no trasladó a los medios de comunicación, pero que sí expresó en su encuentro con los regantes. Además, sostienen que debe ser el Ministerio, como responsable del proyecto, quien introduzca cualquier actualización.
La reunión, sin fecha
La proximidad de las elecciones andaluzas —previstas, como tarde, para junio de 2026— hace que el futuro de la presa de Alcolea sea un factor difícil de desligar del debate político. Montero evitó concretar plazos, pero defendió que el Gobierno central no ha dejado de trabajar en el proyecto. Según explicó, “el Gobierno de España lleva tiempo trabajando con la Junta de Andalucía en relación con esta infraestructura”.
A juicio de la vicepresidenta, el documento remitido por el Ejecutivo autonómico no permite avanzar. Sostuvo que se trata de un “convenio que no permite desarrollar ningún tipo de trabajo porque no contempla ni la información ni todas las cuestiones financieras que tienen que ver con la actualización de una infraestructura tan importante”. Por ello, aseguró que desde el Ejecutivo se ha pedido una revisión completa del texto para seguir “trabajando en la línea de la cooperación”.
Montero vinculó esa cooperación a la necesidad de ofrecer certidumbre y de aclarar el papel real que tendrá la presa en el futuro de la provincia, de forma que “permita, por una parte, trasladar la tranquilidad respecto a esa inversión, pero por otra parte, que realmente todo el mundo sea consciente de la funcionalidad que va a tener esa presa y por tanto, para los intereses que va a servir (SIC)”. En ese punto, introdujo abiertamente el componente electoral y advirtió de que, bajo su criterio, es necesario “que nadie utilice este tipo de infraestructura y de elementos cuando se acerca una campaña”.
La vicepresidenta fue más allá y cargó contra lo que considera una práctica habitual del Ejecutivo autonómico, al afirmar que "el Gobierno andaluz tiene metido en un cajón todos los proyectos que son importantes para Huelva y que cuando llega la campaña intenta ponerlos en la mesa”, una estrategia que, según denunció, termina “intentando confrontar, con vecinos” o “con los trabajadores de esta provincia”.
Frente a ese escenario, Montero aseguró que el Gobierno mantendrá una línea de actuación basada en el “compromiso con la seguridad de la provincia de Huelva y la sostenibilidad de esta provincia para el futuro” y exigió “lealtad” a la Junta de Andalucía. Mismo mensaje que el secretario de Organización del PSOE de Huelva, Francisco Baluffo, lanzó públicamente un día antes cuándo fue fue preguntado por Teleonuba.
Por ahora, solo hay un primer paso dado: la confirmación, en privado, de que el Gobierno permitirá a la Junta culminar la obra una vez sea actualizada. El inconveniente parte de un compromiso político que, por el momento, no viene acompañada de un calendario definido. Solo de la palabra de la vicepresidenta.
