Piden un protocolo urgente ante las agresiones al profesorado en los colegios de Huelva

Fuente: Facebook Angela del Olmo
El último ataque a una maestra del CEIP Prácticas reabre el debate sobre la seguridad en las aulas

El sindicato CCOO ha denunciado la falta de un protocolo preventivo frente a las agresiones al profesorado en los centros educativos de la provincia de Huelva, tras el último ataque sufrido por una maestra del CEIP Prácticas. La organización sindical ha exigido a la Junta de Andalucía medidas urgentes y efectivas para frenar la violencia en las aulas y reforzar la protección del personal docente.

Desde CCOO aseguran que este tipo de incidentes “no son hechos aislados” y que reflejan un problema creciente de convivencia escolar. La delegada sindical María Jesús Caballero ha señalado que existen “graves conflictos” en varios colegios de la capital, como el CEIP Arias Montano y el CEIP Juvenal de Vega, que se suman ahora al caso del CEIP Prácticas.

La representante sindical ha recordado que el Decreto 328/2010, de 13 de julio, sobre la protección de los derechos del profesorado, establece que la Consejería de Educación debe mejorar las condiciones laborales del profesorado y fomentar su reconocimiento social.

En este sentido, CCOO plantea la creación de un protocolo específico que refuerce los planes de convivencia y establezca medidas eficaces para prevenir las agresiones, reconociendo la autoridad del profesorado. El sindicato también reclama más recursos humanos y la incorporación de psicólogos educativos, educadores sociales y especialistas en pedagogía terapéutica y apoyo a la integración.

Desde la organización alertan de que los docentes sufren cada vez más episodios de violencia verbal y física y advierten de que la falta de respuesta institucional agrava el problema. CCOO insiste en que “garantizar la seguridad de los profesores es garantizar el futuro de la educación pública”.

El sindicato asegura que continuará denunciando cada agresión y defendiendo los derechos del profesorado, al tiempo que reclama a la Junta una actuación inmediata para frenar una situación que consideran “insostenible”.