El PP acusa al Gobierno de "abandono" de las carreteras estatales en Huelva
El presidente del Partido Popular de Huelva, Manuel Andrés González, ha puesto en valor este lunes la “apuesta inversora” de la Diputación Provincial y la Junta de Andalucía en la mejora de las infraestructuras viarias de la provincia, en contraste con lo que ha calificado como el “abandono” del Gobierno central en la red de carreteras estatales.
González ha detallado que la Diputación de Huelva ha destinado 12,5 millones de euros en 2024 a obras de mejora en vías de titularidad provincial, y que para 2025 se contempla una inversión similar, con otros 12 millones de euros ya comprometidos. Entre los proyectos más destacados figuran las actuaciones en la carretera Clarines-Candón (2,6 millones de euros), Nerva (706.600 euros), La Redondela (344.363 euros) y Linares-Alájar-Santa Ana (859.100 euros).
Asimismo, ha resaltado la inversión prevista por la Junta de Andalucía en la carretera Almonte-El Rocío, donde se ejecutará un tercer carril con un presupuesto de 26 millones de euros, una obra que ha calificado como “una demanda histórica de la provincia” y que ya se encuentra licitada.
En contraposición, el dirigente popular ha criticado la “falta de compromiso” del Gobierno de España con la provincia de Huelva, especialmente en lo que respecta a carreteras de titularidad estatal como la N-431, N-435 o la A-49. González ha advertido del estado de deterioro que presentan algunas de estas vías, con baches, socavones y grietas que “representan un serio peligro para conductores y acompañantes”.
“El Gobierno ha optado por el parcheo en lugar de dar una respuesta estructural al problema. Se necesitan actuaciones integrales y no medidas temporales que no resuelven la inseguridad de estas carreteras”, ha manifestado.
Por último, el líder del PP onubense ha exigido al Ejecutivo de Pedro Sánchez y a la ministra María Jesús Montero que “cumplan con sus obligaciones” y destinen inversiones a la mejora de las infraestructuras de Huelva. “Los onubenses tienen derecho a unas carreteras seguras y a que sus impuestos se traduzcan en servicios de calidad”, ha concluido.