El Ilustre Colegio de Abogados de Huelva quiere mostrar su preocupación por la situación en la que se van a encontrar los tribunales, “en especial de nuestra provincia”, una vez se alcen las medidas que se adoptaron con la declaración del estado de alarma, y aún más tras tener conocimiento de las primeras iniciativas que están circulando “sobre medidas organizativas y procesales que se pretenden adoptar”.
Llama la atención que “los redactores de estas medidas parecen desconocer la situación de colapso en la que se encontraban la mayoría de los tribunales antes de decretarse el estado de alarma y ello especialmente ante el olvido histórico que, por parte de los distintos gobiernos”, han mostrado respecto a la inversión en justicia.
Por ello, “entendemos que es fundamental conocer la dotación presupuestaria que se va a destinar para paliar esta situación, porque sin medios económicos que refuercen, por ejemplo, las plantillas de los juzgados, cualquier medida organizativa está condenada al fracaso”.
Muestran su especial preocupación en que “se intente, en la situación en la que nos encontramos, imponer medidas procesales con carácter provisional que puedan mermar los derechos fundamentales de los ciudadanos, su posibilidad de acceso a la justicia e incluso su derecho a la defensa”, así como que éstas finalmente se consoliden por falta de determinación sobre su provisionalidad.
“Consideramos necesario e imprescindible que las medidas que se adopten cuenten con todos los operadores jurídicos” que intervienen en la vida judicial: jueces, fiscales, funcionarios por medio de sus sindicatos, y especialmente con la abogacía y la procuraduría. Considerando que “no es aceptable dejar caer todo el peso de las medidas que se adopten en los mismos colectivos de siempre”.
Medidas como habilitar el mes de agosto supone una vulneración de los derechos del colectivo, tanto laborales como de conciliación de la vida familiar y laboral de miles de profesionales del derecho y en “nada solucionaría el colapso que se va a producir tras la vuelta a la normalidad, en la ya dañada administración de justicia de este país”.
Por último, “estimamos que la medida propuesta respecto a la limitación de los escritos procesales, con vocación de permanencia y extensión a todas las jurisdicciones, constituye un ataque frontal a los derechos de defensa y de libre expresión de los abogados en el ejercicio de la profesión”.
El Colegio respalda la propuesta efectuada desde el Consejo General de la Abogacía Española, en el convencimiento de ser las más adecuadas para el restablecimiento progresivo de la normalidad en nuestros tribunales, además de defender “los intereses de nuestro colectivo y con ello los de la sociedad, usuaria de la Administración de Justicia para la que todos prestamos nuestros servicios”.
