Desde abril, los municipios de más de 5.000 habitantes están aplicando un nuevo impuesto de basuras derivado de una directiva europea basada en el principio de “quien contamina paga”. Aunque la normativa comunitaria permitía distintas fórmulas, el Gobierno optó por incorporar el impuesto al ordenamiento español y trasladar su gestión a los ayuntamientos.
En la provincia, el debate no gira solo sobre la obligatoriedad de la tasa, sino sobre la forma en que los consistorios la están ejecutando. El PSOE critica la aplicación que algunos ayuntamientos están planteando y defiende un modelo en el que el coste se reparta según la cantidad de residuos generados. El portavoz socialista Enrique Gaviño señaló que “los competentes para la fiscalidad del agua y las basuras son los gobiernos locales y es lo que se ha hecho en esta provincia”, insistiendo en que “quienes más contribuyan a ensuciar, más paguen para limpiar”.
El PP rechaza la medida y responsabiliza al Gobierno de imponer una carga económica a los ciudadanos. Su presidente provincial, Manuel Andrés González, afirmó que el impuesto “viene a atracar a todas las familias españolas”.
El Ayuntamiento de Huelva ha anunciado que se opondrá al impuesto pese a estar obligado a aplicarlo, lo que añade más tensión al proceso de implantación en los municipios.
