El portavoz socialista en la Mancomunidad de Servicios (MAS) y en Giahsa, Juan Antonio García, ha defendido este jueves, 24 de julio, la legalidad de los procesos de contratación llevados a cabo por la empresa pública durante 2021. Lo hace tras las declaraciones del actual presidente de la MAS, Diego del Toro, quien ha cuestionado supuestas irregularidades cometidas en esa etapa.
García sostiene que las contrataciones realizadas durante los años 2020 y 2021 se ajustaron “a derecho” y se adoptaron medidas excepcionales ante la situación de emergencia sanitaria, siguiendo la normativa habilitada por el Gobierno para garantizar servicios esenciales como el suministro de agua y la gestión de residuos.
“Negar el contexto sanitario es faltar a la verdad. Las contrataciones fueron excepcionales, proporcionales y ajustadas a derecho”, ha subrayado el también alcalde de Bonares, calificando las acusaciones como “injustas, infundadas y descontextualizadas”.
El portavoz socialista ha recordado que durante su etapa al frente de Giahsa se impulsaron convocatorias públicas, reflejadas en varias publicaciones del Boletín Oficial de la Provincia de Huelva (BOP), como la Oferta de Empleo Público del 18 de mayo de 2022 o las bases específicas de julio del mismo año. Además, ha citado el convenio firmado en 2019 con el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), que permitió ampliar la difusión y concurrencia de las ofertas de empleo, incluso en los momentos más complicados de la pandemia.
En relación al informe de auditoría mencionado por Del Toro, García ha señalado que se trata de un documento con “muestra parcial y alcance limitado”, encargado por la anterior dirección “para mejorar los procedimientos internos”, y ha rechazado que dicho informe implique reconocimiento de ilegalidades. Por otro lado, ha defendido que “todas las decisiones se adoptaron bajo los principios de mérito, capacidad, igualdad y publicidad” e insistido en que el objetivo fue “proteger el empleo, el servicio público y la salud de los trabajadores y ciudadanos”.
Por último, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad institucional: “La gestión de un servicio público esencial no puede convertirse en un campo de batalla política, ni utilizarse como cortina de humo ante decisiones que se tomarán en el próximo pleno”.
