El Ayuntamiento de Valverde del Camino ha aprobado una ampliación del plazo de amortización de la deuda municipal desde el año 2050 hasta 2070, tras sacar adelante una nueva operación financiera con la entidad Unicaja por un importe cercano a los 46 millones de euros. La medida ha salido adelante con los votos favorables del PSOE y Somos Valverde y va acompañada del blindaje definitivo de la reciente subida de impuestos aplicada a todos los vecinos del municipio.
Esta operación consolida un incremento generalizado de la presión fiscal que incluye una subida del 10% en el IBI, un aumento del 20% en las tarifas del agua y la basura y un incremento del 150% en las cuotas por el uso de instalaciones deportivas, entre otras medidas. Según los datos expuestos, se trata del mayor aumento impositivo registrado en Valverde en los últimos 25 años.
La decisión supone un giro respecto a los compromisos electorales con los que PSOE y Somos Valverde accedieron al gobierno municipal en 2019, cuando aseguraron que no se producirían subidas de impuestos ni tasas. Además, también se incumple la promesa de reducir la deuda viva del Ayuntamiento, que lejos de disminuir, ha crecido a un ritmo aproximado de 1,5 millones de euros al año durante los más de seis años de mandato del actual equipo de gobierno.
Desde la oposición se denuncia que el Ayuntamiento está difundiendo en sus canales oficiales información fragmentada sobre la operación financiera, destacando la cancelación de antiguos préstamos con BBVA y la próxima liquidación de la deuda con CaixaBank en 2026, sin explicar que todo ello se produce como consecuencia de la formalización de un único préstamo con Unicaja por 46 millones de euros cuya amortización se extiende ahora hasta 2070. Esta nueva obligación financiera, de mayor cuantía y duración, neutraliza en la práctica la supuesta reducción de deuda con otras entidades.
Asimismo, se cuestiona la afirmación municipal de haber ejecutado una gestión económica rigurosa y transparente. Los datos reflejan que la operación más relevante de saneamiento financiero del Consistorio se produjo entre 2012 y 2014, cuando se afrontaron más de 54 millones de euros en facturas impagadas, sentencias judiciales y deudas con la Seguridad Social y Hacienda. Desde 2019, la deuda municipal ha pasado de aproximadamente 38 millones a cerca de 47 millones de euros en la actualidad.
Otro de los aspectos más controvertidos del acuerdo es que la autorización del Ministerio de Hacienda exige como condición imprescindible el blindaje permanente de la subida de impuestos. A diferencia de la situación de 2012, cuando el incremento fiscal se aplicó durante un solo ejercicio y posteriormente se fue reduciendo, las subidas aprobadas ahora quedarán de forma indefinida. El impacto económico acumulado de esta decisión, según se advierte, será hasta cuatro veces superior al de entonces, con efectos duraderos sobre la economía de los hogares valverdeños.
