RíaUmbria exige “anular la venta de la parcela en la que Hdez. Cansino construyó su chalet en su etapa de alcalde”

La empresa RíaUmbria ha presentado un escrito en el Ayuntamiento de Punta Umbría donde solicita la ejecución inmediata de la sentencia que ha dictado el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº3 de Huelva que determina que todos los terrenos de Punta Umbría son Patrimonio Municipal de Suelo (PMS) y limita cualquier actuación a Viviendas de Protección Oficial.

Según RíaUmbria la sentencia afecta de forma directa a la operación de venta de suelo que acordaron el Ayuntamiento de Punta Umbría y el entonces alcalde de la ciudad, José Carlos Hernández Cansino, en 2006 por la que éste adquirió una parcela en la zona de más valor del municipio para construirse un chalet familiar. Por ello la empresa ha solicitado de forma urgente al Ayuntamiento que anule la venta de la parcela, que se proceda al derribo del chalet ya que la construcción es ilegal y que el suelo pase de nuevo a manos del Ayuntamiento en cumplimiento de la sentencia.

Esta sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº3 de Huelva es la que ha servido de base precisamente para anular la venta de las parcelas donde la empresa RíaUmbria iba a construir el proyecto urbanístico y residencial William Martin, tras los recursos solicitando esta medida que presentó en 2017 y 2018 el propio José Carlos Hernández Cansino, ahora portavoz del Grupo Municipal UPU.

La sentencia establece de forma clara tras los recursos presentados por Cansino que todos los suelos de Punta Umbría tienen la consideración de Patrimonio Público del Suelo, por lo que -atendiendo a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA)- en todas las parcelas de uso residencial únicamente se puede construir viviendas de Protección Pública. La sentencia impide la construcción de viviendas de Renta Libre, salvo que se adopte, tal como establece la LOUA, una Declaración de Excepcionalidad previa que motivara y justificara los motivos por los que en los suelos concretos de dicha declaración se necesitan construir esas viviendas de renta libre.

Precisamente José Carlos Hernández Cansino cuando es alcalde de Punta Umbría compra al Ayuntamiento una parcela situada en la Plaza de la Peña número 7, a la que da consideración de Bien Patrimonial y Suelo de uso Residencial. En dicha parcela se construyen dos viviendas tipo Chalet (unifamiliar pareadas) de Renta Libre, no teniendo ninguna de ellas ninguna figura de Protección Pública. Una de las viviendas chalet pasa a ser propiedad del entonces alcalde de Punta Umbría y la otra pasa a su familia.

Según RíaUmbria todo el procedimiento de venta de este suelo y las licencias de construcción y obras que el entonces alcalde de Punta se otorgó a si mismo fueron ilegales ya que vulneraron el contenido de esta sentencia dictada ahora por el Juzgado de Huelva, teniendo además en cuenta que el Ayuntamiento que él dirigía entonces tampoco realizó la preceptiva Declaración de Excepcionalidad.

Dado que el Ayuntamiento de Punta Umbría ha decidido aceptar la sentencia y ha decidido no recurrirla aceptando su contenido y la consiguiente anulación del acuerdo de adjudicación a RíaUmbria de las Parcelas sitas en la Avenida Ciudad de Huelva, la empresa exige al Consistorio que adopte ahora Acuerdo por el que se inicie expediente de Revisión de Oficio (o aquel que en Derecho proceda) por el que se anule también la venta de la parcela sita en Plaza de la Peña nº 7 en favor de Sr. Hernández Cansino y otros, debiendo el Ayuntamiento proceder a revertir las Parcelas indicadas al Patrimonio Municipal. RíaUmbria también pide que anule por los mismos motivos la venta de otra parcela sita en la calle Cascajera nº 13, que en este caso corresponde a una de las concejalas del mismo grupo municipal.

RíaUmbria denuncia en su escrito que “José Carlos Hernández Cansino mientras fue alcalde vendió todas las Parcelas del municipio que pudo y le dio tiempo por considerar que la venta era legal y no tenían consideración de Patrimonio Municipal del Suelo (PMS). Sin embargo –denuncia la empresa- hoy considera que todo lo que él mismo hacía en idéntica forma, ya no es legal, una línea de actuación que le ha llevado a obtener una sentencia judicial a la que él mismo debe hacer frente también”.