Asociaciones de guardias civiles reclaman más recursos humanos y materiales para luchar contra el narcotráfico en Huelva, donde “cada vez se cogen más alijos y son más grandes”
N. Acedo
“De momento no nos han disparado, pero hay compañeros que están al límite”. Habla un guardia civil que opera en la provincia onubense y que, si bien admite que aquí aún pueden sacudirse el imperio del miedo que los narcos ya han impuesto en el Campo de Gibraltar (Cádiz) y en la Costa del Sol (Málaga), insiste en que en Huelva “también se necesitan más recursos” para dar esa batalla. “Hace falta lo mismo que en Cádiz, que se considere a esto ‘Zona de Especial Singularidad’”. Lo confirma José Manuel del Valle, portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) en Huelva, quien asevera que las carencias son similares a las de esos otros territorios de Andalucía y que en los últimos tiempos no se ha producido “ningún aumento significativo en el personal o en los medios relacionados con el narcotráfico”, pese a que “cada vez se cogen más alijos y son más grandes”. Han aumentado “las aprehensiones” y, por ende, “las entradas” de drogas. Defiende que “se está haciendo un buen trabajo”, pero hay que tener en cuenta que la costa onubense es muy extensa y que, “si aprietas en Cádiz, repercute aquí”.
Explica a Huelva Hoy que los puntos del mapa onubense “más complicados” en la lucha contra el narcotráfico son Ayamonte, Isla Cristina y Cartaya, “sin descartar” otros enclaves como Punta Umbría o Matalascañas. Agrega que es cierto que por ahora no se empotran vehículos contra los del Instituto Armado ni “existe todavía ese choque contra los guardias de servicio”. A ello suma que “la idiosincrasia” de la provincia “es un poco distinta” a la de Cádiz, al no existir en ella municipios como La Línea que “están en la misma playa”. “Aquí no hay pueblos de esas características por lo que se actúa de otra manera y los alijos son distintos”, engarza, pero su asociación augura que, si se eleva la presión sobre los narcos en el Campo de Gibraltar, “acabarán llegando” a Huelva.
El panorama no es alentador y no es el único frente que los agentes tienen que atender en el litoral. “En verano hay que sumar la seguridad ciudadana”, por la llegada masiva de turistas. A juicio del portavoz de AUGC, lo que “no se puede permitir” son situaciones como que “un guardia de Punta Umbría y otro de Aljaraque se tengan que juntar para poder tener una patrulla en la calle, con más de 200.000 personas” a vigilar, como, dice, sucedió este pasado periodo estival. “Ya puede venir el contrabando que quiera”, ironiza.
Del Valle mantiene que “hace falta una reorganización de los puestos” del cuerpo para evitar, por ejemplo, que haya algunos con “un sargento, un cabo y seis guardias”. “Hemos llegado al punto de que el de Matalascañas se cierra porque no hay personal suficiente para tenerlo abierto las 24 horas del día”, afea. Cree, y lo expresa, que “no hay justificación alguna para la falta de personal” que padecen y que no yace agazapada precisamente porque según trasladan a este diario “salta a la vista”.
En ese sentido, fuentes de la Asociación Española de Guardia Civil (AEGC), también de Huelva, miran al pasado para anotar que “el recorte de la oferta de empleo público” que se viene produciendo desde la crisis económica de 2008 “ha perjudicado directamente a la Guardia Civil”, al pasarse de “casi 5.000” plazas para efectivos anuales, a alrededor de “300”. A esto hay que anudar que “la tasa de reposición nunca se ha cubierto” y que “durante muchísimos años se introdujo un tapón y ciertos destinos como Andalucía se bloquearon”, a favor de otros de “la España profunda”.
En la actualidad, “se intenta reponer esa falta de personal, pero no se llega”, avisan. AEGC comparte con la organización anterior que “lamentablemente se han ido cerrando puestos” y “se aboga por una centralización”, obviando que contar con la “Guardia Civil en un pueblo genera un sentimiento de seguridad que no se tiene” sin esa presencia.
Las fuentes consultadas de ese lado quieren dejar claro que los agentes, dentro de sus posibilidades, “se esfuerzan al 3.000 por ciento” para ayudar a la población, aunque saben que “la seguridad de calidad no es posible sin efectivos ni medios”. En ese punto deslizan que “si un todoterreno tiene más de 400.000 kilómetros, cada semana estará en el taller y sin él no se podrá ir a fincas por caminos rurales” u otros lugares. Esto, saber que tienen vía libre, podría ser el leve empujón que lleve a desbarrancar a quienes se mueven en el borde entre ser o no delincuente.
