Las agresiones a guardias civiles en la provincia de Huelva se han disparado en los últimos cinco años, registrando un incremento del 200% entre 2020 y 2024, según datos de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC). Este aumento ha provocado que los agentes lesionados hayan crecido un 380% en el mismo periodo, con un aumento del 240% en las bajas médicas derivadas de estos ataques.
Desde la AUGC Huelva denuncian que estas cifras reflejan un problema grave de seguridad y falta de protección, atribuyendo las agresiones a factores como la pérdida del principio de autoridad, la escasa sanción penal, el narcotráfico, la falta de personal y de apoyo institucional, y la ausencia de una Zona de Especial Singularidad.
Los datos también muestran que la falta de efectivos obliga a patrullas desbordadas, que en ocasiones deben atender a varias localidades simultáneamente sin contar con apoyo cercano. Además, el procedimiento judicial de juicio rápido dificulta que las lesiones de los agentes sean correctamente valoradas antes de aplicar penas o indemnizaciones a los agresores.
A pesar de la gravedad de la situación, el Ministerio del Interior y el Gobierno mantienen a los guardias civiles sin reconocimiento como profesión de riesgo, una condición que sí tienen otros cuerpos como los ertzainas, policías locales o los Mossos d’Esquadra. La AUGC exige un endurecimiento de penas, dotación de medios adecuados como pistolas táser y cámaras corporales, y un incremento significativo de la plantilla en Huelva, donde actualmente hay más de 300 vacantes sin cubrir.
La asociación recalca que la seguridad de los agentes y la ciudadanía está en riesgo si no se adoptan medidas urgentes, y se compromete a continuar reclamando jubilación digna, equiparación salarial y mayor protección jurídica para los guardias civiles.
