- Las personas que figuraban como empadronadas habían sido registradas sin conocimiento ni consentimiento de los propios moradores de las viviendas.
- Los extranjeros pagaban 300 euros para ser empadronados.
La Guardia Civil ha detenido a una persona por un delito Contra los Derechos de los Ciudadanos Extranjeros y Falsedad Documental, e investiga a otras cinco por este último delito.
La Operación Drompa comenzó en el pasado mes de agosto de 2022, cuando recibieron una denuncia del propietario de una vivienda. Indica que, tras ir al Ayuntamiento de Cartaya para realizar unos trámites, tuvo conocimiento de la existencia de tres personas extranjeras estaban empadronadas en su domicilio sin su consentimiento.
Tras este hecho, los agentes comenzaron las investigaciones, sospechando de que podría no tratarse de un caso aislado y que alguna persona podía estar empadronando a ciudadanos extranjeros no comunitarios previo pago de alguna cantidad de dinero.
Los agentes de la Guardia Civil, para detectar casos similares, solicitaron la colaboración del departamento de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento, con el objetivo de detectar otros casos, sobre todo, de aquellos domicilios en los que constaran empadronados un cierto número de extranjeros.
Una vez que los agentes obtuvieron la documentación aportada, la analizaron, y averiguaron que había otros cuatro domicilios con empadronamientos irregulares y sospechosos.
Es por ello que, la Guardia Civil, se puso en contacto con los verdaderos propietarios y moradores de las viviendas afectadas, confirmando que las personas que figuraban como empadronadas habían sido registradas sin conocimiento ni consentimiento.
"En el trascurso de las investigaciones, se pudo averiguar que en cuatro de los domicilios donde figuraban los empadronados, presentaron un contrato de arrendamiento falso y en el quinto domicilio lo hizo directamente la dueña en el Ayuntamiento acompañada de estas personas, aportando todos ellos fotocopia de su documento de identidad y la propietaria su DNI y escritura de la vivienda, lo que hizo sospechar a los agentes de esta última propietaria", explican desde la Guardia Civil.
Finalmente, agentes de la Guardia Civil localizaron cinco personas empadronadas, todos ellos de nacionalidad extranjera, los cuales manifestaron que, cada uno, había pagado una cantidad de 300 euros.
"La supuesta autora que cobraba por los trámites ilegales de empadronamiento también fue localizada y detenida, resultando ser la propietaria de una de las viviendas donde constaban cinco empadronados; más otros diez del resto de domicilios", indican.
La operación continúa abierta a la espera de análisis de más documentación y localización de todos los implicados.
La detenida junto con las diligencias instruidas fue entregada a la Autoridad Judicial competente.
