La Policía Nacional, en colaboración con la Oficina de Extranjería de Huelva, ha desarticulado un grupo criminal dedicado a la venta de documentación falsa, que facilitaba la regularización fraudulenta de ciudadanos de terceros países en España. En total, se han detenido a 18 personas, todas ellas con documentos falsificados.
La investigación comenzó a principios de año, cuando la Oficina de Extranjería detectó un número inusual de expedientes con documentos que presentaban similitudes entre sí. Esto alertó a los funcionarios encargados de la tramitación, quienes informaron a la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras de la Policía Nacional, iniciándose una exhaustiva investigación.
El grupo criminal operaba mediante un entramado de empresas, tanto reales como ficticias, que falsificaban contratos laborales en el sector agrícola para simular una contratación legal y permitir la entrada de ciudadanos extranjeros a España. Además de los contratos falsificados, se produjeron documentos como DNIs, certificados de la Agencia Tributaria, de la Seguridad Social, y escrituras notariales, entre otros, con el fin de dar apariencia de legalidad a los trámites.
Los miembros de la red también se dirigían a trabajadores agrícolas en situación vulnerable que ya se encontraban en España y que deseaban traer a sus familiares desde sus países de origen. A cambio de grandes sumas de dinero, los inmigrantes pagaban para que el grupo les proporcionara los documentos falsificados. Posteriormente, los documentos eran distribuidos entre despachos de abogados para iniciar los trámites administrativos, lo que dificultaba la detección de los responsables.
La Policía Nacional ha destacado que la investigación fue especialmente compleja debido al volumen y sofisticación de los documentos intervenidos. Tras un minucioso análisis, se pudo localizar a la persona encargada de la creación y modificación de los documentos falsificados, quien utilizaba el entramado de empresas y abogados para esconder su identidad.
Los detenidos enfrentan acusaciones de pertenencia a grupo criminal, falsedad documental y favorecimiento de la inmigración ilegal. La causa ha sido instruida por el Juzgado de Instrucción número 5 de Huelva.
