La Junta de Andalucía aprobó este martes en Consejo de Gobierno el inicio de la tramitación del anteproyecto de Ley de Universidades para Andalucía (LUPA), que tendrá como principales objetivos la protección del sistema público universitario, el incremento de los derechos del estudiantado, potenciación de la internacionalización o la estabilización de la carrera académica, entre otras cuestiones. Para ello, la Consejería de Universidad de la Junta pretende favorecer la transferencia de conocimiento entre universidad y empresa, mejorar la gobernanza e impulsar una mayor transparencia de las instituciones académicas.
Sin embargo, lo más novedoso es que la norma reconoce, por primera vez, que los alumnos tendrán derecho por ley a un sistema de bonificación de los precios de la matrícula universitaria, lo que "permitirá blindar la igualdad de oportunidades en el acceso a la educación superior", aseguran desde la Consejería.
Otra de las novedades introducidas en esta esfera y que entronca con la promoción de la internacionalización hace referencia a que, en Andalucía se garantizará por ley la movilidad internacional de los universitarios a través de los programas de ayudas y becas al estudio que oferten las instituciones académicas públicas y estén financiados por la Administración autonómica. Precisamente, en este apartado de la proyección internacional, se determina la obligación de disponer del B2 en la acreditación de un idioma extranjero tanto para la obtención de un título oficial universitario a partir de octubre de 2029.
Por otro lado, la norma también aboga por limitar los contratos de profesores sustitutos y por transformar esos cuerpos en figuras estructurales, con el fin de eliminar la precarización laboral de la plantilla universitaria. En política de personal, el texto legal plantea que Andalucía no aplicará a los programas dedicados a la captación y retención del talento la limitación de 120 horas lectivas que impuso la LOSU a la dedicación del profesorado.
La Consejería de Universidad deberá ahora someter el texto legal a información pública y solicitar los informes preceptivos del Gabinete Jurídico de la Junta, del Consejo Andaluz de Universidades (CAU) o del Consejo Consultivo para su visto bueno como proyecto de ley.
Posteriormente, se trasladará al Parlamento andaluz, donde será sometido a debate para su aprobación y una vez aprobado sustituirá al actual marco legal que data de 2013 tras haberse acordado con los rectores, la comunidad educativa y los agentes económicos y sociales.
Endurecimiento de las condiciones para las universidades privadas
Al mismo tiempo la ley universitaria incrementa los requisitos para la creación, desarrollo y funcionamiento de las instituciones académicas privadas en Andalucía con el objetivo de reforzar la calidad y excelencia del sistema universitario de la comunidad y de asegurar la prestación de este servicio público.
Entre las exigencias, se requerirá que los promotores y gestores de las iniciativas dispongan de una trayectoria contrastada en el servicio público de educación superior. Además, la futura legislación propone que las entidades tengan que reservar un 3% de sus ingresos anuales a programas de becas y ayudas al estudio y destinar un 5% a planes propios de investigación. También será necesario acreditar solvencia económico-financiera y garantizar las infraestructuras y el personal adecuados para el ejercicio universitario, y se impondrá a estas instituciones la obligación de disponer de órganos de representación del estudiantado.
En cuanto a la creación tanto de nuevos proyectos públicos como de privados, la LUPA recoge, entre los requisitos, que esas entidades garanticen la implantación progresiva de mecanismos para facilitar la incorporación de los egresados al mundo laboral. Incluye también la imposición de un periodo de cuatro años para volver a presentar una solicitud a aquellos promotores cuyos proyectos hayan sido denegados.
