Por Pablo Gea
Como cualquier otro crimen mediático, el asesinato de Samuel Luiz Muñiz por medio de una paliza multitudinaria ha enervado las actitudes del conjunto de la sociedad. De cualquiera que tenga estómago, desde luego, pero igualmente de aquellos que, no teniéndolo, no han dudado en utilizar la muerte del pobre muchacho para fortalecer sus consignas políticas. Antes de que la investigación policial empezara a dar sus primeros y vacilantes frutos, el colectivo LGTBI y los ministros más jacobinos del Gobierno se han lanzado a una atropellada campaña empeñada en demostrar que se trata de un asesinato motivado por la homofobia. Es decir, que el chico fue matado a golpes por ser homosexual. Y si bien algunos amigos de la víctima se han sumado al carro, desde la propia familia, previendo hasta dónde podía llegar el asunto, se han apresurado desmentirlo presuntamente, a calmar los ánimos y a pedir que no se utilice la muerte de su hijo para hacer campaña ideológica o incluso electoral.
El resultado, como no podía ser de otra forma en la sociedad en la que vivimos, ha sido una catarata de insultos absolutamente repugnantes, especialmente dirigidos contra el padre del muchacho. Incluso los medios de comunicación no han podido sustraerse, como de costumbre, a la marea callejera generada por determinados grupos políticos y han asumido esta versión de los hechos sola y exclusivamente porque ellos lo han dicho. Pero no atendiendo a las fuentes policiales y judiciales, que son las únicas autorizadas, las únicas válidas, para valorar con rigor los asuntos penales. Tanto es así que, por ahora, sólo hay seis investigados (imputados realmente) por este crimen, aunque la policía valora ampliar el cerco hasta un total de siete implicados, si acaso más. Ello atendiendo a las imágenes que están ahora en poder de los responsables de la investigación, y que confirman la poliautoría del delito.
De momento, y a falta de más datos dado el estado embrionario de la investigación en cuestión, parece que lo más probable es que el motivo de la agresión primero y del asesinato (u homicidio, ya veremos) después se deba a la videollamada que la víctima realizaba a través del móvil más que al hecho de que fuese o no homosexual. A pesar de los insultos que se profirieron durante todo el suceso, que fueron de cariz variado y más allá de la condición sexual de los implicados.
Ahora es el Juzgado de Instrucción competente el que se está encargando de arrojar luz sobre los hechos y de procesar a los presuntos autores. Y es esta una labor, junto con la de la policía, que no puede ni debe verse entorpecida por el Gobierno o los grupos de presión. No es la primera vez (ni, desgraciadamente, la última) que la presión social y mediática condiciona el desarrollo de la investigación de un crimen. Investigación, por si a alguien se le olvida, que debe ser conducida con la máxima imparcialidad y respetando los derechos no sólo de los investigados, sino también de las víctimas y familiares. En este sentido, harían bien quienes ostentan el poder político y mediático en evitar meterse donde nos les llaman y limitarse a hacer sus funciones, como los jueces, fiscales y abogados hacen las suyas.
Si se trata de un crimen motivado por la homofobia, como tal deberá ser tratado y enjuiciado. Y si resulta no serlo, pues lo mismo. Pero las conclusiones habrán de ser sacadas por medio de una investigación seria y rigurosa, de la misma manera que las condenas resultantes necesariamente deberán estar sujetas a lo que prevea el Código Penal. Y nada más. De lo contrario, podemos mandar a los profesionales de la carrera judicial a su casa, y dejar que sean los políticos, los medios y los grupos de presión los que decidan el curso de las investigaciones y las sentencias que se dicten. La policía debe ser libre para investigar, y los jueces deben instruir en paz. Esta, y no otra, es la única fórmula que será capaz de proporcionar una Justicia digna y proporcional para todos.
(Firma: Pablo Gea)
