Provincia

CCOO mantiene una asamblea con el sector de dependencia para exigir la subida salarial del 6,5% reconocida

Decenas de delegadas y delegados de residencias y ayuda a
domicilio, participaron en el día de ayer en la asamblea convocada por CCOO, en la que se han anunciado movilizaciones en el sector, “si la patronal se niega a acatar la sentencia conocida esta misma mañana y a negociar un VIII Convenio Colectivo Estatal digno”.

CCOO presentó una demanda ante la audiencia Nacional ante la negativa de las empresas a aplicar la subida del IPC de 2021, del 6,5%, y obligada por el actual convenio colectivo. Litigio que ha visto sus frutos con una sentencia estimatoria que, además de imponer sanciones a las patronales las condena a las costas del proceso por su aptitud temeraria.

La actitud de la empresa y la ruptura de las negociaciones del VIII Convenio Colectivo Estatal de las Dependencias habían activado al sindicato y sus delegadas en el sector, concluyendo la asamblea con el acuerdo de convocar movilizaciones si la situación no se reconduce en términos aceptables.

Se trata de un sector en su mayoría femenino, con sueldos muy bajos, al borde del salario mínimo interprofesional, y que según ha manifestado el secretario general del Sindicato Provincial de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Huelva, Juan José Rodríguez “volvía a sufrir la actitud cicatera de las empresas, en gran parte en manos de fondos de inversión internacionales, que hacen negocio de la necesidad de los y las usuarias condenándolos a la pobreza laboral”.

Asimismo, Juan José Rodríguez ha subrayado que “ahora con la estimación de sus pretensiones por parte de la Justicia, el sindicato mantiene su intención de convocar movilizaciones, tanto de carácter general, como frente a las empresas que se nieguen a cumplir con su obligación de subir a los salarios el porcentaje que les corresponde”.

Además, cabe resaltar que las delegadas y el sindicato han acordado en la asamblea la realización de las actuaciones que sean necesarias ante las administraciones públicas implicadas (ayuntamientos, Diputación, etc.), como responsables últimas tanto del servicio como de las condiciones laborales de las trabajadoras, “y ello, han señalado- en la perspectiva del retorno a la prestación pública directa de la atención a las dependencias, para acabar así con la actitud depredadora y explotadora de muchas de las empresas concesionarias”.

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