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Coletazos de los desmanes en los cursos de formación

Ocho empresas onubenses podrían perder su condición de centro colaborador en el registro de entidades de formación profesional para el empleo de la comunidad. Tres de ellas, ligadas a la órbita del PSOE, estuvieron inmersas en causas judiciales

N. Acedo

Aceptar mansamente cualquier cosa nunca debería ser la consigna en una Administración pública. El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) da hoy una nueva muestra de que se mueven hilos en el ámbito de la formación, que protagonizó numerosas causas judiciales en toda la región. Se publica este viernes un anuncio de la Delegación Territorial de Empleo, Formación, Trabajo Autónomo, Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades en Huelva, por el que se notifican acuerdos de inicio y trámite de audiencia por procedimientos de pérdida de la condición de centro colaborador en el registro de entidades de formación profesional para el empleo de la comunidad. Ello, después de haber “resultado infructuosos los intentos de notificación personal de los actos dictados”, y para que se abra el periodo legal de 10 días hábiles durante los cuales los señalados podrán alegar y presentar documentación.

En este caso son ocho empresas onubenses las que podrían olvidarse de la mencionada condición. Entre ellas hay algunas conocidas por la Policía y la Guardia Civil. Una de ellas es H. A. SL, mercantil dedicada a la asistencia sanitaria y a la prevención de riesgos laborales que la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la Policía Nacional vinculó a la hija del ex consejero socialista de Hacienda de la Junta de Andalucía Ángel Ojeda, uno de los principales investigados por el presunto fraude de los cursos de formación en Andalucía. Los agentes llegaron a estimar en el entorno de los 1,3 millones, los fondos que esa sociedad habría recibido para cursos entre 2009 y 2012.

En el listado difundido hoy en el BOJA aparece otro nombre, el de la que fuera empresa del ex secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de una Ejecutiva regional del PSOE encabezada por Susana Díaz, José Fernández de los Santos. M. y L. D. SL. también se benefició de las subvenciones para actividades formativas otorgadas por el Ejecutivo autonómico, que tuvo que enviar informes sobre ella a finales de abril de 2016, a petición del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.

Otro órgano judicial, el número 5 de Huelva, articuló un amplio sumario en torno a los cursos subvencionados con fondos públicos en el que consta que la Policía cazó un sinfín de situaciones supuestamente irregulares relacionadas con la tercera de las mercantiles del BOJA: I. y D. del C. Sólo en el expediente centrado en una ayuda de 55.845 euros que se le asignó detectaron una hilera de ellas. La sociedad onubense, constituida en abril de 2008, contaba con un administrador, Víctor M. V. F., quien además fue agraciado con ayudas para autónomos y estaba ligado a otras entidades. De hecho, según plasmaron en un informe los investigadores, de esos 55.845 euros que le dieron para un curso de “Elaborador de productos cárnicos”, 30.924,07 fueron facturados “por las empresas de Víctor M. V. F.”, es decir, el 55,3% fue a parar a su entramado.

La mayoría de los procesos judiciales vinculados a la formación en distintas provincias de la comunidad se han archivado, aunque provocaron la paralización de esas acciones durante años y la necesidad de poner orden.

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