El portavoz provincial de Cs (Ciudadanos) y vicepresidente del Parlamento de Andalucía, Julio Díaz, ha valorado que el Decreto Ley de Medidas Urgentes para la Adecuación Ambiental y Territorial de Edificaciones aprobado el pasado martes por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía “resuelve un problema para hasta 32.440 familias en la provincia de Huelva”.
Díaz ha explicado que este decreto aprobado por el Gobierno del cambio, que requiere de la colaboración de los propietarios y los ayuntamientos afectados, “pone fin al caos urbanístico y jurídico en el que la incapacidad y la falta de voluntad del Gobierno socialista anterior tenía atrapados a más de 32.000 familias en la provincia”. En concreto, se pueden ver beneficiadas 9.232 viviendas en la Sierra de Aracena; 7.023 del Andévalo y Minas; 3.509 de la Costa Occidental; 4.506 comunicaciones registrales de Huelva, así como 8.170 ubicadas en la zona del Condado, las Marismas y el Aljarafe sevillano.
El portavoz naranja ha aclarado que “este decreto no pretende ser una amnistía, puesto que prioriza la acción inspectora y sancionadora”, pero “sí trata de integrar, normalizar y equilibrar el territorio andaluz, regularizando no legalizando, dando una respuesta clara a estas viviendas irregulares, construidas al margen de la legalidad, y sobre las que ya no se pueden adoptar medidas jurídicas para reponer la legalidad”.
“Estas edificaciones están fuera del trámite de toda planificación desde su origen por lo que no tienen la infraestructura necesaria de agua, saneamiento y electricidad y no tienen las garantías de seguridad y salubridad”, ha comentado Díaz, para añadir que “esta regularización permite que los propietarios accedan al registro de la propiedad, a los servicios de luz, agua y saneamiento y hacer obras de mantenimiento. Así, mantiene la salubridad y habitabilidad de las viviendas y su entorno”.
Este decreto ley de urgencia, que “será derogado cuando se apruebe la nueva Ley del Suelo, porque incorporará todo su contenido”, según ha explicado el parlamentario onubense, “impone también medidas para corregir los efectos del crecimiento desorbitado e indiscriminado, que provoca la sobreexplotación de recursos como el agua y el suelo”. Además, “no se podrán acoger al decreto aquellas viviendas que aún están en plazo para restablecer la legalidad”, esto es, que aún no han cumplido los seis años desde su construcción, o las que están pendientes de cumplir una sentencia, así como las que se asienten en suelos de especial protección.
