El Ayuntamiento declara “emergencia social” el alquiler para “garantizar el derecho a la vivienda”

Con la partida de 400.000 euros asignada en los presupuestos municipales de 2018, el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Huelva eleva las ayudas al alquiler a una cuestión de emergencia social. Así lo ha definido hoy la concejala de Vivienda, Medio Ambiente y Sostenibilidad del Ayuntamiento de Huelva, Esther Cumbrera, en una rueda de prensa destinada a dar cuenta sobre unas “prestaciones destinadas a familias inmersas en situaciones de desahucio o lanzamiento, pero también a aquellas en situación o riesgo de exclusión que tienen problemas para hacer frente a sus alquileres o necesitan una solución habitacional”.

Cumbrera ha señalado que “se trata de un tema de justicia social al que hemos dado prioridad, optimizando los recursos municipales para garantizar el derecho a una vivienda digna y contribuir a normalizar la situación de quienes peor lo están pasando”. De esta forma, las políticas de vivienda – insiste Cumbrera – “se consolidan en una Concejalía orientada a lo social que aporta soluciones a cuestiones que hasta este mandato no obtenían respuesta por parte del Ayuntamiento de Huelva”.

En este sentido, la concejala ha recordado que “en esta legislatura, partiendo de cero, hemos creado una Concejalía de Vivienda, incrementando las ayudas al alquiler en un 60% a lo largo del mandato, para atender a 361 familias en la capital onubense”. Hasta el pasado año, el Ayuntamiento de Huelva concedió 299 ayudas, a las que se han sumado otras 62 que ya se han tramitado, “por lo que, con el incremento en los presupuestos de 2018 pretendemos asumir los nuevos casos y tener la cobertura necesaria para que ninguna familia onubense se encuentre desamparada, sin un techo donde vivir”.

La edil ha explicado que en 2015 “cuando llegamos al Ayuntamiento, existía una partida de 150.000 euros destinada a ayudas al alquiler de la que no se había ejecutado ni un euro a fecha de mayo, existiendo una lista de espera de más de 300 familias”. De esta forma, Cumbrera apunta que “nos pusimos en marcha inmediatamente para ejecutar esa partida y que el dinero llegara a las familias, pero ante las necesidades detectadas doblamos la inversión en los años siguientes, alcanzando 300.000 euros, que ahora en 2018, serán 400.000 euros”.

Para desarrollar y afrontar estas competencias y volumen de trabajo, Esther Cumbrera ha explicado que “ha sido imprescindible articular una estructura, hasta ahora inexistente en el Ayuntamiento y reforzar el personal, asumiendo desde que aterrizamos en el Ayuntamiento los problemas de vivienda de manera transversal porque además de informar, asesorar o mediar, realizamos un seguimiento a las familias”.

El objetivo de estas ayudas es intervenir para evitar el desahucio de las familias onubenses que atraviesan situaciones verdaderamente dramáticas, al no poder hacer frente a su hipoteca o ayudando a inquilinos que no pueden pagar sus rentas de alquiler y han sido denunciados por los propietarios de las viviendas, o que no pueden acceder a una vivienda temporal. Además, en la tramitación de estas prestaciones, se incluyen también personas sin hogar o sin recursos obligados a alojarse en casa de familiares o amigos o situaciones de ocupación irregular de inmuebles.

Las ayudas de emergencia al alquiler del Ayuntamiento de Huelva cubren un semestre de arrendamiento, prorrogables otros seis meses más y en los casos necesarios, la fianza del alquiler.

Además, Cumbrera se ha referido a la Oficina de Asesoramiento sobre Desahucios y Área Social desde donde se asume la mediación ante los bancos, secretarios judiciales, letrados y jueces, con el objetivo de ganar tiempo para buscar ayudas o fórmulas que impidan que los afectados se queden sin vivienda.

Por último, la concejala se ha referido a la puesta en marcha del Registro de Demandantes de Vivienda, en el que se han inscrito ya 2.000 personas, apuntando al Plan Municipal de Vivienda y Suelo de Huelva 2019-2023, como la estrategia diseñada, de cara a los próximos 5 años, para promover el acceso a la vivienda, así como la mejora de la habitabilidad de los inmuebles, mediante su conservación, rehabilitación o adecuación funcional.