Profesores y padres del IES Fuente Juncal de Aljaraque muestran su apoyo a las compañeras del PTIS

Andalucía tiene censados a unos 66000 niños y niñas con necesidades educativas especiales. La mayoría de ellos están perfectamente integrados en los centros educativos públicos, entre otras razones gracias a la labor conjunta desempeñada por las monitoras de educación especial y de lengua de signos y de los y las docentes que ejercemos nuestro trabajo en dichos centros educativos.

En la provincia de Huelva este servicio lo llevan realizando desde hace años de manera externalizada unas 200 personas, casi unas 2000 en el conjunto de Andalucía, la mayoría de ellas, un 90 % son mujeres. "Algunas llevan más de 18 años trabajando como monitoras y monitores de educación especial en los centros de primaria y secundaria públicos de Andalucía. En el caso la compañera PTIS de este centro, toda una década, encadenando contratos precarios".

"Nos toca pues apoyar a estos compañeros y compañeras PTIS, y exigir junto a ellas que sus condiciones laborales mejoren, saliendo de la precariedad en la que llevan casi dos décadas. La estabilidad laboral, salarial y competencial es algo que luego repercute de manera directa en nuestras funciones como trabajadores y trabajadoras. Y por tanto, tras muchos años desempeñados en nuestros centros educativos, formándose junto a nosotros y siendo un eslabón imprescindible para la justa y digna inclusión de nuestros niños y niñas con necesidades educativas especiales, no podemos otra cosa que apoyar las exigencias que este colectivo reivindica".

"Somos conocedores de que en abril del 2019 se llegó a un acuerdo unánime sobre el reglamento de la bolsa única y meses más tarde sobre el baremo de la misma, para lo cual, no se tuvo en ningún momento en cuenta al colectivo de PTIS externalizadas para que pudieran estar en igualdad de condiciones y así poder para competir en la bolsa, tras años de trabajo en centros educativos públicos. Muchas se arriesgan a perder su empleo ante la esta situación"

El servicio estructural que ofrece este personal técnico no debe estar externalizado según la normativa autonómica. Por este motivo el colectivo, lleva movilizándose desde hace un tiempo, incluso habiendo ido a la huelga el pasado 15 de enero para exigir el "cumplimiento" de la Ley 9/2017 de Contratación del Sector Público, y concretamente su artículo 130.3, por la que la Consejería de Educación está obligada a la subrogación de este personal, una vez la prestación del servicio sea ofrecida de forma directa y con personal propio por la administración.

En los últimos días, "hemos sido conocedores de que a estas compañeras, se les está presionando una vez están realizando sus distintas acciones reivindicativas. Entre otras represalias, no se les está dejando participar de la formación complementaria que se ofrece desde los centro de profesorado CEP, cosa a la que hasta hace poco podían acceder. Pensamos que están siendo sometidas a unas presiones externas por el simple hecho de reivindicar lo que el colectivo considera que es de justicia social y laboral. En este sentido, pedimos a la consejería que estas compañeras puedan formarse junto a nosotros como llevan años haciendo. De la misma manera que por ejemplo los profesores y profesoras de la concertada pueden hacer".

Por todas estas razones, apoyamos las movilizaciones de estas compañeras, mostrándoles todo nuestro apoyo enviando estas firmas a la Delegación de Educación de Huelva. A este acuerdo de claustro, se ha sumado la asociación de madres y padres del centro, mostrando así su apoyo a las familias de los alumnos y alumnas sobre las cuales estos profesionales recaen en mayor medida su trabajo diario.