La Junta de Gobierno del COAH, en su sesión celebrada el día 20 de Julio de 2020 acordó la necesidad de impugnar la convocatoria pública para la cobertura de puestos de trabajo como personal funcionario interino, para la Administración General de la Junta de Andalucía, en particular y, para el caso que nos ocupa, personal con el Título de Arquitectura o el título universitario de máster que le habilite para el ejercicio de esta profesión regulada, publicada en el BOJA, nº 58 de 25/03/2020, encomendando al CACOA dicha impugnación por cuanto que los puestos ofertados se han producido en similares condiciones para todas las provincias de Andalucía.
A criterio de esta Junta de Gobierno, la meritada convocatoria no respeta los criterios de acceso a función pública que deben garantizar la igualdad, competencia, méritos y capacidad de las convocatorias, sin que pueda ampararse la falta de respeto de dichos principios al amparo de que se trata de un “proceso exprés” por la emergencia de salud pública ocasionada por el Covid-19, para cubrir “servicios esenciales”.
Las convocatorias para cubrir estos puestos no están diseñadas para evaluar el mérito y la capacidad de los candidatos, en función de la experiencia profesional y el bagaje académico. Tan solo exigen la titulación correspondiente a cada una de las plazas ofertadas. También debe acompañarse copia del DNI, número de teléfono de contacto y una declaración responsable de que el candidato "dispone de capacidad para desempeñar el puesto de trabajo con la continuidad que demanda la situación excepcional que se afronta".
Además, en este último apartado el candidato debía declarar que no pertenece a algún colectivo de riesgo o sufría una "enfermedad de base", según un listado: "diabetes; enfermedad cardiovascular (incluida hipertensión); enfermedad hepática crónica; enfermedad pulmonar crónica; enfermedad renal crónica; enfermedad neurológica o neuromuscular crónicas; inmunodeficiencia (incluyendo VIH); cáncer; a estas enfermedades hay que añadir la situación de mujeres que estén embarazadas o en período de lactancia y los mayores de 60 años".
Es decir, quienes sufran estas enfermedades no pueden aspirar a estas plazas públicas, razones todas ellas por las que consideramos dicha convocatoria contraria a Derecho. La Junta de Gobierno adoptará las medidas necesarias en la Defensa Jurídica de la Profesión en asuntos de ámbito provincial y supraprovincial, como ocurre en el presente caso, en ésta y en todas las convocatorias venideras cuyas bases sean contrarias a Derecho.
