El Gobierno quiere impulsar una reforma "integral" de la ley de memoria histórica para declarar la nulidad de las sentencia de los juzgados de excepción franquistas e impulsar desde lo público las exhumaciones, y estudiará también la ilegalización de asociaciones que hagan apología del franquismo. Así lo avanzó este miércoles la ministra de Justicia, Dolores Delgado, al comparecer en el Congreso para presentar las planes de su departamento, que se ha dotado con una Dirección General de Memoria Histórica para garantizar el derecho a la reparación de las víctimas e impulsar la búsqueda de los desaparecidos durante la guerra civil y la dictadura.
Según ha señalado, la reforma de la ley de 2007 implicará también crear una "comisión de la verdad" y establecerá un procedimiento por el que quienes vieron sus bienes incautados durante el franquismo podrán solicitar una compensación pecuniaria.
Se prevé además dar un nuevo significado al Valle de los Caídos trasladando los restos de Francisco Franco, retirar la simbología de exaltación de la guerra y el franquismo con sanciones para quien lo incumpla, reforzar el acceso archivos y reabrir la Oficina de Apoyo a las Víctimas del Franquismo.
Delgado ha considerado "inaceptable" que "España siga siendo el segundo país del mundo en número de desaparecidos después de Camboya" y ha explicado que la dirección general establecerá planes de búsqueda y publicará los datos de exhumaciones y un censo oficial de las víctimas de la guerra civil y la dictadura.
"No puede ser que personas con más de noventa años se desesperen intentando recuperar los restos de sus padres, de sus familiares, ante la negativa de un juez o la arbitrariedad de un ayuntamiento", ha asegurado.
Junto a esa reforma, ha anunciado que el Gobierno quiere recuperar la justicia universal y revisarla "conforme a nuevas necesidades como la persecución de crímenes internacionales de naturaleza económica, financiera y medioambiental".
Delgado ha apostado por que se recupere la legislación que regía entre 1985 y 2009; en ese año el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero reformó la ley para que sólo pudieran enjuiciarse los casos con víctimas o presuntos criminales españoles y en 2014 el Ejecutivo del PP la limitó a los casos en los que los criminales tuvieran nacionalidad española.
