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El juez cifra en más de 40 millones de euros (7.000 millones de pesetas) el presunto fraude de UGT-A

Un juez ha elevado a más de 40 millones de euros (7.000 millones de pesetas) el presunto fraude cometido por UGT en Andalucía para financiarse supuestamente de forma irregular con subvenciones que le concedía la Junta de Andalucía para la formación de parados.

Por ello, y según informa El Mundo, la antigua dirección regional ugetista podría sentarse próximamente en el banquillo de los acusados tras seis años de intensa investigación judicial.

Una vez concluida la fase de instrucción, el titular del Juzgado de Instrucción número nueve de Sevilla, Juan Jesús García, ha dictado un auto en el que se acuerda continuar como procedimiento abreviado la causa abierta contra el exsecretario general de UGT-A, Francisco Fernández Sevilla y otras 14 personas por presuntos delitos de fraude de subvenciones y falsedad en documento mercantil.

Se trata de la fase previa a la celebración del juicio y la calificación de los hechos de las partes, a las que el juez da un plazo de 20 días para soliciten la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, de forma excepcional -añade dicho diario-, la práctica de diligencias complementarias indispensables para formular la acusación.

Dicha causa se inició tras diversas revelaciones de El Mundo, a lo que siguieron actuaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que recabaron pruebas sobre los desvíos millonarios de subvenciones.

Mientras tanto, la Fiscalía de Sevilla ha abierto unas diligencias de investigación para determinar si hay indicios de un delito de malversación de fondos públicos en los 7,4 millones de euros de la Junta de Andalucía que se habrían quedado las centrales regionales de Comisiones Obreras y UGT, según informa abc.es.

Con el fin de indagar en el destino del dinero público y analizar las posible conductas delictivas, la Guardia Civil ha solicitado documentación a la Administración y a otros implicados.

Los 7,4 millones de euros que la Junta reclama a los sindicatos corresponden a los precios públicos cobrados entre los años 2003 y 2006 a los usuarios de las Residencias de Tiempo Libre repartidas por Andalucía.

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