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El juez del «caso avales» reclama documentación para rastrear «la vida» de préstamos públicos bajo sospecha

Vilaplana da diez días a la agencia IDEA para aportar datos, tras ser advertido por la intervención estatal de que no había «entregado la información contable suficiente»

N. Acedo

Andalucía ha vivido en los últimos años una explosión de causas judiciales ligadas a la corrupción que incluyó el proceso en el que se investigan presuntas irregularidades en los avales con los que los entes de la Junta IFA/agencia IDEA regaron a dieciocho empresas. Fue la mediática jueza Mercedes Alaya quien en enero de 2014 hizo germinar el llamado “caso avales” para analizar posibles anomalías en los préstamos dados por gobiernos autonómicos socialistas entre 2008 y 2013. Si bien, María Núñez, su sucesora a los mandos del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, el que arma las principales “macrocausas” de la región, le dio carpetazo. Una decisión que fue luego enmendada por la Audiencia Provincial.

El ritmo de la investigación creciente no ha sido muy fluido, pero avanza. Ahora lo hace bajo la dirección del juez de refuerzo José Ignacio Vilaplana, a quien el perito de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) asignado al proceso en tareas de auxilio judicial ha advertido en un escrito, fechado el pasado 29 de septiembre y al que tenido acceso Huelva Hoy, de que IDEA “no ha entregado la información contable suficiente para seguir la secuencia de la contabilización de la vida de los avales” que otorgó. Sí ha proporcionado “extractos incompletos del libro mayor” de la agencia pública, pero no “la normativa e instrucciones que debían seguir los órganos” de la entidad en la gestión de los denominados «avales propios».

Por ello, el funcionario del Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado pide al magistrado que se recaben «los asientos contables del libro diario” de IDEA que recojan, “tanto respecto de los denominados ‘avales propios’” como de “los reglados”, una hilera de movimientos que pasan por la “formalización del aval”, las “comisiones abonadas y otros gastos, así como eventuales ingresos” derivados del otorgamiento de aquél; o, en su caso, las “dotaciones a provisiones por el deterioro” del mismo o los “traspasos” de éstas. Se busca conocer también las ejecuciones de los préstamos por parte de entidades financieras, “como consecuencia del incumplimiento» de obligaciones de los beneficiarios de las ayudas, las cancelaciones asociadas al cumplimiento de sus deberes por los agraciados, o, entre alguna otra cuestión, si hubo cancelaciones por la “imposibilidad de recuperación de las cantidades abonadas por la agencia IDEA”.

Vilaplana ha estimado pertinente la demanda y en una providencia, fechada el pasado 30 de septiembre y adelantada por El Mundo, dio a la entidad del Ejecutivo autonómico diez días para remitir al juzgado dicha documentación. En juego está poder rastrear lo que sucedió con unos incentivos sobre los que se cierne la sospecha después de que Alaya detectara una coincidencia: muchas de las empresas a las que ejecutivos del PSOE asignaron ayudas sociolaborales inmersas en el caso de los ERE presuntamente fraudulentos percibieron además «ayudas públicas de salvamento o reestructuración» de IDEA.

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