Por Redacción
Vilaplana continúa el procedimiento contra otras 11 personas también, una de ellas un supuesto compañero de caza de Lanzas. Estima que los hechos podrían ser constitutivos de los presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación y falsedad documental
N. Acedo
«De las diligencias instructoras practicadas se desprende la existencia de serios indicios racionales de criminalidad que permiten, con la provisionalidad propia del momento procesal en que nos encontramos, atribuir» a una docena de investigados «participación en la comisión de delitos de falsedad documental, prevaricación administrativa, tráfico de influencias y malversación». Es un párrafo del auto fechado el pasado 2 de noviembre en el que el juez José Ignacio Vilaplana acuerda continuar como procedimiento abreviado la causa en la que se investigan, en el ámbito del «macroproceso» de los ERE, presuntas irregularidades detectadas en ayudas de más de 2,52 millones de euros que la Junta de Andalucía concedió a la sociedad anónima laboral cordobesa Matadero de Fuente Obejuna.
Entre los investigados se encuentran Juan Lanzas, un ex dirigente del sindicato UGT al que se ha bautizado como «conseguidor» de los ERE presente en múltiples piezas de la «macrocausa», un abogado de Estudios Jurídicos Villasís, dos representantes de la empresa mediadora Vitalia Vida, otros dos de la Asociación para la Promoción Sociolaboral de los ex trabajadores de la empresa diseccionada y seis personas más que fueron incluidas de forma “fraudulenta” e “irregular” como beneficiarias de las pólizas de seguro de rentas suscritas, es decir, que formarían parte del grupo de los llamados «intrusos», uno de los cuales ha fallecido. El listado de encausados incluye a J. J. V. G., el supuesto propietario de un coto en el que Lanzas presuntamente iba a cazar y a personas con las que aquél tenía lazos.
A través de la mencionada resolución judicial, difundida hoy por la oficina de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el magistrado de refuerzo del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, el que bobina el «caso ERE», ha procesado además en calidad de responsables civiles subsidiarias, a las entidades Asociación para la Promoción Sociolaboral de los ex trabajadores de la empresa, Técnicas Agrícolas Ecológicas e Integradas S.L., a Vitalia y a un despacho de abogados.
El magistrado pone de relieve en su auto de 32 páginas, entre otras cuestiones, que los fondos asignados por ex gobiernos socialistas a Matadero de Fuente Obejuna “habrían sido irregularmente» otorgados «bajo la ficticia fórmula de ‘ayudas previas a la jubilación’ tras la tramitación del correspondiente ERE de la sociedad empleadora -una vez extinguida ésta- a modo de complemento de la correspondiente indemnización por despido, siendo la forma de pago» de esa última «la suscripción de un seguro de rentas a favor de los trabajadores”. Y añade que, dado que la Junta habría establecido un sistema propio de ayudas previas a la jubilación ordinaria en el Sistema de la Seguridad Social distinto al regulado por el Estado, «se habría vulnerado la competencia exclusiva que en favor de éste establece” la Constitución española.
Las ayudas se repartieron dos años después de que la empresa hubiera echado el cierre mediante la financiación de los mencionados seguros de rentas, cuyo tomador “impropio o ficticio” fue la señalada Asociación para la Promoción Sociolaboral de los ex trabajadores.
