Huelva

El PP lamenta que Sánchez quiera “tumbar” el decreto que afecta a 32.500 viviendas irregulares

El presidente del Partido Popular en Huelva, Manuel Andrés González, ha lamentado que el Gobierno de Sanchez quiere “tumbar” el decreto con el que el nuevo Gobierno de la Junta de Andalucía pretende solucionar el problema histórico de viviendas irregulares en Andalucía, que “en la provincia de Huelva afecta a casi 32.500 casas”.

González, que ha presidido esta mañana la reunión del Comité de Dirección del partido, ha destacado que con esta norma “la Junta ha puesto fin a años de caos jurídico”, sin embargo, “Sánchez, nuevamente, quiere frenar el desarrollo de Andalucía. Cada medida que toma el Gobierno del cambio que beneficia a los ciudadanos, inicia un ataque contra Andalucía”.

El popular ha manifestado que en Andalucía existe un problema respecto a las edificaciones al margen de la legalidad urbanística generado por años de gobiernos socialistas que atañe a más de 300.000 familias”, las cuales, en muchos casos, “no disponían de servicios básicos de saneamiento y abastecimiento de agua y electricidad”.

“La única razón para que el Gobierno de Sánchez quiere crear este conflicto es que no soportan que ahora el nuevo Gobierno Andalucía haya solventado con éxito el problema de miles de andaluces y onubenses en menos de un año”.

Manuel Andrés González ha recordado que el decreto que aprobó el Parlamento para la Adecuación Ambiental y Territorial de las Edificaciones en Andalucía obtuvo “el voto a favor de PP, CS, VOX y PSOE, mientras que Adelante Andalucía votó en contra”.

Al respecto, el presidente popular ha apuntado que “el PSOE apoyó este decreto en el Parlamento de Andalucía, pero ahora Susana Díaz calla porque no quiere molestar a su jefe, Pedro Sánchez, no vaya a ser que pierda su sillón” .

En la provincia de Huelva hay un total de 32.440 viviendas ilegales, repartidas entre la zona del Condado-Marismas (8.170), Andévalo y Minas (7.023), Zona Metropolitana de Huelva (4.506), Costa Occidental de Huelva (3.509) y Sierra de Aracena (9.232).

La medida afecta a las viviendas irregulares sobre las que la administración ya no puede actuar de otro modo, por haber transcurrido el plazo legal para iniciar actuaciones al respecto. En este sentido, González ha aclarado que “este decreto no es una amnistía, sino que permite, con algunas excepciones, que “los propietarios accedan al Registro de la Propiedad y a servicios básicos como el agua, la luz y el saneamiento, así como la posibilidad de realizar obras de conservación y mantenimiento”.

Para finalizar, González ha hecho hincapié en que “este decreto da soluciones a problemas que tienen los onubenses en su día a día y que el PSOE nunca quiso poner solución”, de ahí -ha añadido- este decreto “del Gobierno de Juanma Moreno ha sido alabado por presidentes de diputaciones y ayuntamientos, no solo del PP, sino también del partido socialista, ya que ayuda a los ayuntamientos y soluciona un problema que estaba enquistado desde hace muchos años”.

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