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El PP pide la retirada de los presupuestos municipales por “incumplir la ley”

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Huelva, Ángel Sánchez, ha presentado hoy en el Registro del Consistorio el escrito de alegaciones al Presupuesto Municipal para 2016 por el que esta formación reclama la retirada inmediata del mismo por entender que «incumple la ley».

En dicho escrito se pide su no aprobación definitiva, así como su corrección de acuerdo con la normativa que le es de aplicación y «que se está incumpliendo de manera flagrante», según Sánchez.

En su opinión, el alcalde, Gabriel Cruz, está intentado aprobar un Presupuesto «de espaldas a las normas básicas reguladoras de una correcta política presupuestaria, al Plan de Ajuste actualmente en vigor, a los informes técnicos y económicos y a los más mínimos principios de seguridad, de prudencia y de responsabilidad».

El portavoz popular ha recordado que el alcalde lleva un año «vendiéndonos que están intentando hacer el mejor presupuesto de la historia de la ciudad, un año echándole las culpas al Ministerio, y lo que ha terminado haciendo es romper las resoluciones del Ayuntamiento y el Plan de Ajuste de 2014, lo que no fue más que una argucia para intentar aprobar un presupuesto que no recoge las necesidades de la ciudad y que, además, puede ser nulo por incumplir la legalidad».

El representante popular ha recordado que el Ayuntamiento de Huelva se acogió a través de las resoluciones de 2014 que ahora se ponen en duda a los Planes de medidas extraordinarias de liquidez del Estado.

«Fue una adhesión voluntaria al Decreto que provocó importantísimas ventajas de liquidez y mejoras financieras, que permitió refundir y refinanciar los planes de pago a proveedores anteriores, y que ayudó a cumplir los objetivos legales en materia presupuestaria, como el pago a proveedores en menos de 30 días», ha dicho.

Sobre los acuerdos de revisión de oficio de estas medidas, el Grupo Popular entiende que no se han ponderado los principios, los bienes afectados y los valores que están en juego, puesto que las potestades administrativas de revisión no son ilimitadas

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