Firmas

El PSOE, al banquillo

Ha sido un auténtico varapalo. Por mucho que los dirigentes socialistas se hayan afanado de manera hipócrita en blanquear la cuestión, afirmando que nos les afecta en nada a ellos, que se trata de ‘otro PSOE’, de ‘otros dirigentes’, lo cierto que no han podido disimular su desazón, cuando no su inquietud. Ellos mismos han sido conscientes desde el primer momento de la trascendencia y de la entidad de asunto, muestra de lo cual es que presionaran al Tribunal para que el fallo se diera a conocer después de las Elecciones Generales (que esperemos que sean las últimas), corroborando ese secreto a voces que es que la Justicia no es independiente y que está sujeta, en mayor o menor medida, al mandato político y a la influencia de los grupos de presión.

No en vano el amigo Ábalos, tan prolijo él en declaraciones sustanciales a la par que intelectualmente elaboradas, se apresuró a afirmar que no era un caso del PSOE, sino de ex cargos de la Junta de Andalucía. Si las listas electorales fueran abiertas, quizás cupiera un mínimo resquicio para no alojar con estupefacción tan hilarante afirmación. Pero lo cierto es que cundo se vota, se vota al Partido, no a las personas que lo integran. Aunque esta sea la intención de muchos. Y el Gobierno, ya sea de la nación y de una Comunidad Autónoma, lo ejerce un partido o una coalición de partidos. Es decir, que más allá de las responsabilidades legales que se dimanan de la, por otra parte, extraordinariamente larga como fundamentada sentencia, la responsabilidad política es ineludible. Como lo fue para el Partido Popular cuando la Gürtel. Rajoy debió dimitir, asumiendo su responsabilidad, en vez de abocar al país a un gobierno débil en manos de un advenedizo ambicioso y sólo sostenido por la voluntad de los extremistas de izquierda y de los golpistas de ERC y compañía. Una sentencia demoledora que, al margen de que condenara al PP como partícipe a título lucrativo, consideró como hechos probados que en el seno del partido se había fraguado una organización criminal de vastas proporciones que había operado durante años con impunidad y que afectaba a altos cargos de la dirección de la formación política.

Y, como sucede ahora con el PSOE, los populares hicieron cuanto pudieron por echar tierra por encima. Pero más allá de la propaganda y del miedo, la Audiencia Provincial de Sevilla ha sido clara. A pesar de las presiones políticas, que las ha habido y muchas. A pesar de su accidentada Instrucción. A pesar de que la Juez Bolaños esté en el punto de mira del Consejo General del Poder Judicial por una instrucción parcial y deliberadamente dilatoria. A pesar de que la Juez Alaya fuera quitada de en medio por una maniobra conjunta del PP y del PSOE. La Junta de Andalucía creó una entramado criminal para adjudicar sin control y a capricho 679.432.179,09 euros en ayudas, para conformar una red corrupta de influencias que permitiera apuntalar el poder de sus dirigentes, esto es, del Partido Socialista Obrero Español. Durante años, Manuel Chaves y José Antonio Griñán apoyaron activamente, ampararon y cobijaron la asignación sin control que la Consejería de Empleo hizo de fondos de carácter público. Y lo que es peor, todos los intentos dirigidos a corregir la situación y a eliminar las irregularidades fueron saboteados por los condenados, firmemente incrustados en sus posiciones de poder. Se saltaron nada menos que 45 normas legales. Millones y millones de euros repartidos ilegalmente con conocimiento claro de la Junta de Andalucía.

El objetivo fue mucho más allá que los de una corruptela común al uso: se trataba de cortar las vías de agua que hacían perder votos al PSOE, poniendo en peligro la hegemonía construída a través de décadas de prácticas irregulares y de compra de votos, apoyos e influencia. La punta del iceberg de unas formas de actuar que denotan que el PSOE se fundió con las estructuras Administrativas de la Junta de Andalucía, y que identificó los intereses de los andaluces con los suyos propios. El voto cautivo y los estómagos agradecidos han sido siempre la seña de identidad del PSOE en Andalucía, y esta sentencia, para quien tenga el gusto y la paciencia de leerla, lo demuestra de forma palmaria. Hacen falta, desde luego, muchas dosis de cinismo y de autoengaño como para creerse que el PSOE, como formación política, no tuvo nada que ver, y que no tiene por qué asumir ninguna responsabilidad: ‘La decisión de dar estas ayudas no partía de la Consejería de Empleo, sino que era una decisión del Gobierno en su conjunto’ dice el Tribunal, añadiendo además que ‘partía del programa político con el que habían presentado a las elecciones’.

Esta es la verdad queridos amigos. 147 piezas judiciales del que es, con mucho, el mayor caso de corrupción que ha acontecido en la historia de la democracia española. Con los dos expresidentes de la Junta de Andalucía y padres políticos de Susana Díaz, condenados. Un triste cuadro para la federación andaluza del PSOE, que fue, por si alguien lo olvida, la que impulsó a Pedro Sánchez hacia la Secretaría General la primera vez, a la espera de ampliar su esfera de influencia dentro del propio partido. Nefastos referentes para quienes ahora no tienen el más mínimo escrúpulo en negociar (directa o indirectamente) con personas condenadas o imputadas por los graves acontecimientos vividos en los últimos tiempos en Cataluña, así como con los herederos de quienes hace días mataban a tiros a personas inocentes y con quienes suscriben una ideología que se ha caracterizado por ser la que ha alumbrado los mayores crímenes cometidos contra la humanidad.

Pero la memoria es endeble y el sistema educativo aún peor. Y, si alguien no lo remedia, todo esto quedará enterrado bajo acontecimientos más recientes, y dentro de unos meses o de unos años, como si de un ritual fúnebre se tratara, volverán a subirse a sus tribunas políticas para tomarnos el pelo y para hacer lo que les dé la gana con un dinero que no les pertenece y que es de todos.

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