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En defensa de la hostelería

Las nuevas medidas restrictivas para el sector de la hostelería y el turismo que el Gobierno y las Comunidades Autónomas han acordado no han hallado un acomodo precisamente fácil. Desde el mismo consumidor, que pierde capacidad de disfrute, hasta el trabajador, que pierde su puesto de trabajo, pasando por el mismo hostelero, que contempla cómo la temporada se da definitivamente por perdida.

Y es que los nuevos rebrotes no iban a mantener a las autoridades quietas, aunque tan sólo fuera por poder demostrar a la población ante el horizonte electoral que han hecho algo más que irse de vacaciones en tiempos de crisis. Motivaciones conspiranoicas aparte -de todo hay- es indudable que existen dos verdades insoslayables: una, que los responsables deben actuar para atajar los rebrotes del virus en cuanto estos hagan acto de presencia; segunda, que unas medidas especialmente duras pueden acabar matando del todo a la gallina de los huevos de oro.

En una economía tan sumamente terciarizada como la española, en la que el sector de la hostelería y del turismo implica más del 10% del Producto Interior Bruto, con una aportación de la restauración del 4´7% y del alojamiento del 1´5% en el año 2018, no es un asunto para tomarse a broma. Tanto más por cuanto, del 20% del mismo PIB que supone la auténtica columna vertebral de la economía española, el otro 10% lo constituye la industria automovilística.

Todo esto en un país en el que el sector público, es decir, el Estado, supera el 50% del PIB. Lo que quiere decir que un daño grave y prologado al turismo/hotelería y al automóvil pondrá en serios aprietos a los españoles. Razón esta para que el Gobierno, amparándose en razones sanitarias que, en esencia, nadie sensato discute, tenga especial tacto a la hora de imponer las restricciones que sean precisas. No ha sido así, sino que, de manera unilateral, nerviosa, apriorística y, al fin y a la postre, totalmente desacertada, se ha optado por imponer unas medidas especialmente agresivas para con un sector que genera casi 2 millones de empleos.

Pero no podía esperarse que el daño se asumiera alegremente por todas las partes implicadas, claro está. Y es que unas 50 organizaciones representativas del sector se han unido para estudiar las acciones legales que sean pertinentes para combatir -o, al menos suavizar- unas decisiones gubernamentales que no han ofrecido otra alternativa que la sumisión o la muerte. Como ilustra el hecho de que no se han previsto medidas compensatorias de carácter económico o fiscal que permitan insuflar un mínimo de oxígeno a empresas que van a despedir a cientos (quizás, miles) de trabajadores para amortiguar el golpe. Si no contamos ya aquellos negocios pequeños y medianos que son el medio de vida de muchas familias en España y que se quedan, literalmente, en bragas ante la imprevisión, cuando no la incompetencia manifiesta, de quienes tienen el futuro en sus manos.

Con ello esperan disipar la incómoda sensación que genera la continua criminalización del sector de la hostelería, al que se le achaca injustamente el comportamiento irresponsable de algunos consumidores (y también, de algunos hosteleros), recurriendo a prohibiciones absurdas como la relativa al tabaco, en vez de sancionar al consumidor incumplidor entendiendo que es una locura tratar de convertir al dueño o encargado de un local en gendarme aficionado. Las defensas están calientes ante documentos cuya tinta no está seca. Y hacen bien.

Como no podía ser de otra manera, quienes albergan un odio atávico hacia cualquier actividad empresarial se han apresurado a aplaudir las medidas gubernamentales y a censurar a quienes se quejan. Nada extraño en una sociedad que aún no ha podido desterrar de sí la envidia que ensalza la mediocridad y destruye la meritocracia. Es igual que quienes viven y trabajan de ello tengan que replantearse las perspectivas. La ideología ante todo. Pero ni toda la propaganda del mundo, ni la fuga del rey ni la corrupción de Podemos puede soslayar el terrible escenario que se abre ante nosotros.

El Banco de España ya señaló hace meses que la deuda puede alcanzar el 110% (¡) del PIB en el mejor de los casos -no querramos imaginar ya el peor- en una economía con un déficit estructural del 3%, lo que impedirá que nuestro país pueda acoplarse con facilidad a las exigencias europeas, si no tenemos en cuenta la alta presión del gasto público motivada por el envejecimiento de la población. Con ello, la previsión del Déficit Público para este año se sitúa en más del 10%, lo que supondrá, como destacó el Banco Central Europeo, que la recuperación se retrasará por lo menos hasta finales del 2022, si acaso más allá.

¿El resultado? Lo que muchos sabemos ya: las pasaremos canutas para financiar las pensiones y los jóvenes cargados de sueños y esperanzas tendrán que comprobar desagradablemente que van a vivir mucho peor que sus padres, con un empleo precario, un sueldo basura, jubilación dudosa e incertidumbre vital perpetua. Ahora, a seguir jorobando.

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