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En Doñana se riega con agua «ilegal» el equivalente a «más de 5.700 campos de fútbol»

Una investigación de WWF desvela que en ese espacio natural andaluz y en los de Daimiel, el Mar Menor y los acuíferos de Los Arenales el agua subterránea «robada» podría llenar «más de 65.000 piscinas olímpicas»

N. Acedo

La organización WWF ha propulsado una investigación que se ha prolongado durante más de un año y que ha desembocado en conclusiones sustanciosas: en cuatro de los acuíferos más importantes y sobreexplotados de España que afectan a valiosos espacios naturales como son los de Daimiel, Doñana, Mar Menor y acuíferos de Los Arenales, se «saquea» agua. Sólo en esos puntos del país, «unas 88.645 hectáreas se riegan con agua extraída ilegalmente» y la cantidad líquida subterránea «robada» equivale a «más de 65.000 piscinas olímpicas», a «casi 220 millones de metros cúbicos», según han desvelado hoy.

Desde WWF explican que para extraer agua subterránea «es necesario solicitar una concesión administrativa que da derecho a sacar» una cuantía «para un determinado fin», pero lo que sucede en realidad en las cuatro áreas señaladas es que, «sistemáticamente y con total impunidad, se están regando parcelas sin contar» con esa autorización. La entidad conservacionista defiende que la clave para entender «el robo del agua» está en que «las administraciones responsables desconocen cuánta» se saca de pozos «por encima de lo autorizado», ya que no hay «capacidad de medir todas las extracciones», ni «suficientes medios humanos para controlar» esos recursos del subsuelo.

A lo expuesto, WWF añade que «en algunos casos tampoco está claro cuánto se ha extraído por encima de los recursos disponibles». A juicio de los integrantes de esta organización, «la continua expansión de la agricultura industrial y de los cultivos en regadío, promovida con ayudas públicas, alimentan» la situación descrita, ya que, «en sus trámites y autorizaciones para las ayudas de la Política Agraria Común (PAC), la Administración agraria responsable no ha exigido a los agricultores solicitantes presentar el derecho de uso de agua concedida». Además, «la propia Administración del agua ha alimentado tradicionalmente esta sobreexplotación» otorgando «derechos de uso» de ese elemento «muy por encima de las capacidades según los Planes Hidrológicos, a causa del descontrol en el uso del agua subterránea y la debilidad de la ley», sostienen desde WWF.

En el caso concreto de Doñana y Aljarafe, el humedal más importante de Europa, han concluido que la superficie regada «con agua extraída ilegalmente, en el corazón de este espacio clave para la biodiversidad y alrededores», es de «más de 4.700 hectáreas, el equivalente a más de 5.700 campos de fútbol».

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Advierten de que en los últimos dos años se han cerrado pozos ilegales en la zona, pero no se han clausurado «las superficies regadas ilegalmente» de competencia autonómica, por lo que, «como consecuencia de esta connivencia, la sobreexplotación causada» por los cultivos intensivos se ha agravado hasta el punto de que el Tribunal de Justicia Europea «sentenció el pasado mes de junio a España por el mal estado en el que se encuentra este espacio natural».

De acuerdo a los datos que maneja WWF, Doñana ha perdido más del 80% de sus marismas y el 90% de sus lagunas estacionales desde principios del siglo XX debido al avance de la agricultura intensiva. Y hay otro factor a tener en cuenta: el desgaje ilegal del agua genera un «grave» escenario de «competencia desleal entre los agricultores que cuentan con todos los permisos y están comprometidos con la gestión sostenible de este recurso», frente a quienes «lo hacen sin autorización y sin reparo alguno a cómo afectan al resto de productores».

Dibujado el contexto, WWF reclama de las autoridades «una acción contundente» para mejorar el control de las aguas subterráneas, «modificando la Ley de Aguas, ampliando las plantillas y también los recursos de las autoridades del agua». A ello engarza la demanda de que se ponga punto final al «procedimiento del cierre de todas las extracciones ilegales de los acuíferos», se sancione a «aquéllos que se saltan la ley cometiendo este delito ecológico contra la naturaleza y la seguridad hídrica de toda la sociedad», y se reduzca «la superficie de regadío».

«No podemos seguir hipotecando nuestro bien más preciado y escaso recurso subterráneo, especialmente ante la certeza del cambio climático que reducirá drásticamente el agua disponible. La agricultura ilegal y la impunidad de que gozan amenaza no sólo nuestros ecosistemas sino el agua de la que dependen millones de personas cuando no llueve. Reclamamos una acción contundente y eficaz a las administraciones para combatir este delito ecológico contra la naturaleza, nuestra seguridad hídrica y contra aquellos agricultores que sí cumplen con todas las normas», asevera Rafael Seiz, experto del programa de agua de WWF. Desde esa convicción, expresada en una nota, la entidad exige, por último, de cara a la elaboración de los nuevos planes hidrológicos, que «se incluyan todas las acciones necesarias para abordar» este asunto «de manera urgente» y que el futuro Plan Estratégico de la PAC (PEPAC) no permanezca ajeno al «problema de la extracción ilegal del agua para el regadío».

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