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“Hackean” su cuenta desde Francia y un juez obliga al banco a devolverle el dinero

El magistrado sostiene que “el sistema bancario electrónico diseñado” por la entidad financiera carece de “la seguridad necesaria para operar” en él, pese a que cada vez “se impone más” a los clientes su uso “eliminando los servicios en ventanilla”

N. Acedo

M. M. C. ha comprobado que los “hackers” existen y la fragilidad de la seguridad cibernética. Posee una cuenta en un banco vinculada a una tarjeta de crédito y en junio de 2020, en mitad de la pandemia provocada por el coronavirus que evidenció lo volátil que es la normalidad, se percató de que alguien había burlado la seguridad de su banco y había logrado acceder a los datos y claves de la tarjeta, al detectar varios cargos de origen desconocido procedentes de un uso fraudulento de aquélla. Presentó una reclamación por un montante de casi 900 euros, pero la entidad financiera rehusó toda responsabilidad y se negó a devolverle el dinero, por lo que el asunto acabó en los tribunales.

Ahora un juzgado andaluz, el de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Martos (Jaén), le ha dado la razón, después de que, gracias a la investigación policial, supiera que los movimientos extraños se hicieron en un establecimiento de Francia, aunque él no se hubiera movido de España en aquella época.

En una sentencia fechada el pasado 28 de septiembre, a la que tuvo acceso Huelva Hoy, el juez expone que, de acuerdo a la legislación vigente, “la carga de la prueba corresponde al prestador de servicios -el banco-, el cual debe acreditar las sospechas de fraude cometido por el cliente y los elementos de prueba”; para afirmar luego que, en este caso, “no se ha probado la negligencia del actor -el cliente- siendo creíble la manipulación que sufrió este con sus tarjetas”. Es más, engarza que parece evidente que “el sistema bancario electrónico diseñado por la entidad demandada” carece de “la seguridad necesaria para operar” a través de él, pese a ser “un hecho conocido” que “cada vez se impone más” su uso por los entes financieros a los clientes, “eliminando los servicios en ventanilla”. “Más aún -pega el magistrado en su resolución- es clara la facilidad para operar por terceros no autorizados a través de la banca electrónica de la demandada”.

Desde ese punto de partida, el titular del órgano judicial sostiene que “difícilmente se puede considerar” que el banco “no haya incurrido en negligencia grave de sus obligaciones”, dado que “se han permitido efectuar operaciones bancarias sin superar ningún filtro”, cuando la legislación “tiende precisamente a establecer” la fijación de varios controles de protección.

En definitiva, el juez concluye que el ente financiero no ha cumplido con “las medidas de seguridad necesarias para garantizar la funcionalidad correcta de sus cuentas”, por lo que estima la demanda interpuesta por M. M. C. y la condena a pagar 890 euros, más los intereses y las costas del proceso.

Expertos consultados por este diario explican que al constatar cargos no autorizados en cuentas o tarjetas, lo primero que hay que hacer es “analizar la letra pequeña de los servicios contratados”, porque el rechazo “injustificado” de un recibo podría llevar al afectado a “listas de morosos” de las que es difícil salir. Con todo, si se confirma la improcedencia del adeudo, “hay que comunicarlo a la entidad bancaria para que proceda a la devolución” de los recibos y restituya las cuantías, además de “darle instrucciones” para que ignore a la compañía fantasma, condensan.

El representante procesal de M. M. C., el abogado Julio Martínez, recomienda, de su lado, “revisar los extractos de las cuentas periódicamente para detectar estos fraudes” y  “desaconseja” el “Bizum”  u otros “sistemas similares de pago ‘on line’” por no considerarlos “seguros” del todo.

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