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Más de 32.000 onubenses solucionarán los problemas de insalubridad e inseguridad de sus viviendas irregulares

El presidente del Partido Popular en Huelva, Manuel Andrés González, ha resaltado hoy en Aljaraque la aprobación en el Parlamento de Andalucía del Decreto Ley de Medidas Urgentes para la Adecuación Ambiental y Territorial de las Edificaciones Irregulares, con el que el nuevo Gobierno de la Junta Andalucía pretende “solucionar el problema de las viviendas irregulares que en la provincia de Huelva afecta a casi 32.500 casas”.

González ha señalado que “con la norma se pone fin a años de caos jurídico y se resuelve el problema de las viviendas irregulares” que en Andalucía atañe a más de 300.000 familias, las cuales “en muchos casos no disponían de servicios básicos de saneamiento y abastecimiento de agua y electricidad”.

El presidente del PP onubense ha expresado que “en Andalucía existe un problema respecto a las edificaciones al margen de la legalidad urbanística generado por años de gobiernos socialistas”, a lo que ha añadido que “la situación viene de lejos, sin embargo, los que la provocaron no supieron resolverla con éxito”.

En contraposición, Manuel Andrés González ha asegurado que la nueva Junta de Andalucía, en “tan solo ocho meses”, con esta medida “garantiza y ofrece a muchas familias onubenses las condiciones mínimas de seguridad y salubridad en las edificaciones”. Asimismo, ha afirmado que con el decreto se clarifica el tratamiento de Asimilados Fuera de Ordenación (AFO) con el que
podrán inscribir sus inmuebles en el Registro de la Propiedad.

En la provincia de Huelva hay un total de 32.440 viviendas ilegales en la provincia, repartidas entre la zona del Condado-Marismas (8.170), Andévalo y Minas (7.023), Zona Metropolitana de Huelva (4.506), Costa Occidental de Huelva (3.509) y Sierra de Aracena (9.232).

La medida afecta a las viviendas irregulares sobre las que la administración ya no puede actuar de otro modo, por haber transcurrido el plazo legal para iniciar actuaciones al respecto. Al respecto, González ha aclarado que “no se trata de una legalización de las casas, sino de su reconocimiento de irregular” que, al prescribir, permite que los propietarios puedan inscribir sus inmuebles en el Registro de la Propiedad y obtener servicios básicos.

Asimismo, Manuel Andrés González ha aseverado que para que esta situación no vuelva a producirse, la Junta de Andalucía pretende “incrementar las inspecciones, así como las sanciones”.

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