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Huelva

Igualdad destina en Huelva 112 millones en prestaciones de Dependencia en 2019

La delegada territorial de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Estela Villalba, ha informado sobre de la situación del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia en Huelva tras la puesta en marcha del plan de choque, así como sobre el Pacto de Estado propuesto al Gobierno Central para proteger y garantizar dicho Sistema.

Durante su intervención, la delegada ha destacado que pese al “colapso” con el que la Consejería y las delegaciones territoriales se encontraron el sistema de dependencia hace un año, las medidas adoptadas por el actual Ejecutivo Autonómico han permitido mejorar el número de beneficiarios y reducir el tiempo de las listas de espera. En este sentido, la delegada ha señalado que, durante el primer año del nuevo Gobierno de Andalucía, las personas beneficiarias de las ayudas se han incrementado en 2.604, hasta llegar a los 16.525 beneficiarios a cierre de 2019. En la misma línea, el número de prestaciones en la provincia ha pasado de 20.678 a 21.843 durante este periodo, lo que supone un incremento de 1.165.

Villalba ha indicado que “la apuesta de la administración autonómica por este servicio es firme e incuestionable” y así lo demuestran los datos de 2019. En Huelva, en todo el año pasado, su departamento ha abonado 112 millones de euros en prestaciones y servicios de Dependencia y se han grabado 8.692 solicitudes, de las que 2.694 corresponden a solicitudes en papel de años anteriores.

Durante su comparecencia, Estela Villalba ha explicado la propuesta de Pacto de Estado por la Dependencia que ha anunciado recientemente la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz. Así, la delegada ha detallado que la petición del Gobierno andaluz pasa, entre otros puntos, por cumplir la ley, “una normativa que obliga a la administración central a asumir el 50% de la financiación”. Según Villalba, ahora mismo esas cifras están descompensadas ya que la Junta aporta hasta el 82%, unos 1.200 millones de euros, y desde el Gobierno Central solo financian el 18%, unos 285 millones de euros.

Pacto de Estado por la Dependencia

La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha indicado recientemente que, para poder establecer un sistema de financiación «ajustado a la realidad, que sea sostenible en el tiempo y capaz de dar respuesta solvente al envejecimiento de la población con los niveles de la dependencia esperados, es fundamental la revisión de los cálculos manifiestamente erróneos recogidos en el Libro Blanco de la Dependencia de España (2004), en los que se basó la redacción de la actual Ley de la Dependencia».

Además de la financiación, la consejera ha destacado que la prevención de la dependencia «es un elemento importante para dar sostenibilidad en el tiempo al sistema», ya que el constante crecimiento de la población mayor de 65 años y, especialmente, la población de 80 años y más, «es un fenómeno sin precedentes al que se va a tener que enfrentar el SAAD». Así, ha destacado que el Pacto propuesto por la Junta de Andalucía plantea que «se destinen recursos reales, efectivos y evaluables que favorezcan la autonomía personal, retrasando de este modo la aparición de situaciones de dependencia».

El documento también propone la inclusión de recursos de atención para personas con patologías potencialmente «cronificables». Por otra parte, ha señalado la necesidad de reconocer en la cartera de servicios de prestación para la dependencia a las personas con discapacidad mayores de 65 años, «con el fin de que no tengan que abandonar los recursos al cumplir dicha edad».

Además, la consejera ha explicado que el documento plantea unificar y simplificar los distintos procedimientos, así como revisar la intensidad de protección de los servicios, «a fin de dar una respuesta real a las necesidades de las personas en situación de dependencia y de sus cuidadores».
Por último, Rocío Ruiz ha dicho que «el documento de Pacto de Estado insta a la adhesión de las diferentes fuerzas políticas, colectivos, agentes sociales y de cualquier otra entidad representativa de los intereses de las personas en situación de dependencia».

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